Cae una organización criminal en Palma del Río que explotaba a inmigrantes sin papeles en el campo

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas por su pertenencia a una organización criminal dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación laboral en la provincia de Córdoba, según ha informado este viernes la Comandancia. La operación se llama Balma.

A través de varias informaciones, los agentes tuvieron conocimiento de que en la localidad de Palma del Río pudiera estar tratando de asentarse un organización criminal dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación laboral en fincas agrícolas aprovechando la gran demanda de trabajo existente durante la campaña de la naranja.

Las primeras investigaciones permitieron averiguar que la organización, además de pagar a los migrantes menos de lo estipulado en los convenios agrícolas, les alquilaba pisos patera por un precio muy superior al del valor del mercado para parovecharse de su situación administrativa irregular en España. En algún caso, incluso, bajo la promesa de que si trabajaban para la organización y aguantaban, les conseguirían la documentación para poder residir y trabajar de forma legal.

La realidad era muy diferente. El desarrollo de la investigación permitió averiguar que, una vez alojados en estas viviendas, los ponían a trabajar en las fincas agrícolas "de forma fraudulenta", sin contratos ni altas en la Seguridad Social. La Comandancia ha explicado que los "explotaban" en la recolección y les obligaban a realizar largas jornadas, todo ello con el fin de aumentar los beneficios obtenidos.

La investigación se dirigió a demostrar que el cabecilla de la organización, presuntamente, impartía instrucciones a los trabajadores en situación irregular para que se aprendieran de memoria la identidad de otras personas en situación regular y así dificultar su identificación por parte de la Inspección de Trabajo. Esto provocaba que los dueños de las explotaciones agrícolas desconociesen la situación de las personas que iban a sus terrenos, creyendo que todos los trabajadores estaban contratados de forma legal. Tras comprobar estos extremos, se dio por finalizada la fase de investigación y se dio paso a la fase de explotación de la operación.

Con respecto a los tres miembros restantes de la organización, dos de ellos realizaban tareas de vigilancia de los migrantes en las fincas y se encargaban del transporte de estos a los lugares de trabajo. El tercero se encargaba de contactar con las fincas con necesidades de jornaleros para marcar de ese modo los objetivos de trabajo a cubrir diariamente.

Durante el desarrollo de la operación, se ha llevado a cabo un registro en el domicilio del principal investigado, en el que se ha intervenido numerosa documentación personal de las víctimas (documentos de identidad nacionales de su país, libretas de apuntes sobre el trabajo, recibos de pagos de alquileres, libretas bancarias de otras personas). Asimismo, se ha intervenido diverso material informático y teléfonos móviles, que están siendo objeto de análisis y estudio.

La Comandancia ha recordado que el ámbito agrario es uno de los sectores donde los grupos criminales dedicados a la trata de seres humanos con fines de explotación laboral ejercen su actividad. Las diferentes campañas de recolección en las explotaciones agrícolas son "especialmente sensibles", porque generan una gran demanda de trabajadores temporales concentrada en periodos estacionales.

Las organizaciones de tratantes presuntamente captan a sus víctimas mediante engaño y se benefician ilícitamente de su trabajo en el campo. Suelen ser personas extranjeras (comunitarias y de terceros países) que se encuentran ya en España o que son captadas directamente en sus países de origen para ser explotadas.