Cae una organización criminal en Palma del Río que explotaba a inmigrantes sin papeles en el campo

Vega del Guadalquivir

La Guardia Civil detiene a cuatro personas en el transcurso de la operación Balma contra la trata de seres humanos

El clan alojaba a los jornaleros en pisos patera y les hacía aprenderse los nombres de migrantes regulares para engañar a la Inspección de Trabajo

Jornaleros, en pleno tajo.
Jornaleros, en pleno tajo. / El Día
El Día

27 de mayo 2022 - 12:48

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas por su pertenencia a una organización criminal dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación laboral en la provincia de Córdoba, según ha informado este viernes la Comandancia. La operación se llama Balma.

A través de varias informaciones, los agentes tuvieron conocimiento de que en la localidad de Palma del Río pudiera estar tratando de asentarse un organización criminal dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación laboral en fincas agrícolas aprovechando la gran demanda de trabajo existente durante la campaña de la naranja.

Las primeras investigaciones permitieron averiguar que la organización, además de pagar a los migrantes menos de lo estipulado en los convenios agrícolas, les alquilaba pisos patera por un precio muy superior al del valor del mercado para parovecharse de su situación administrativa irregular en España. En algún caso, incluso, bajo la promesa de que si trabajaban para la organización y aguantaban, les conseguirían la documentación para poder residir y trabajar de forma legal.

La realidad era muy diferente. El desarrollo de la investigación permitió averiguar que, una vez alojados en estas viviendas, los ponían a trabajar en las fincas agrícolas "de forma fraudulenta", sin contratos ni altas en la Seguridad Social. La Comandancia ha explicado que los "explotaban" en la recolección y les obligaban a realizar largas jornadas, todo ello con el fin de aumentar los beneficios obtenidos.

La investigación se dirigió a demostrar que el cabecilla de la organización, presuntamente, impartía instrucciones a los trabajadores en situación irregular para que se aprendieran de memoria la identidad de otras personas en situación regular y así dificultar su identificación por parte de la Inspección de Trabajo. Esto provocaba que los dueños de las explotaciones agrícolas desconociesen la situación de las personas que iban a sus terrenos, creyendo que todos los trabajadores estaban contratados de forma legal. Tras comprobar estos extremos, se dio por finalizada la fase de investigación y se dio paso a la fase de explotación de la operación.

Con respecto a los tres miembros restantes de la organización, dos de ellos realizaban tareas de vigilancia de los migrantes en las fincas y se encargaban del transporte de estos a los lugares de trabajo. El tercero se encargaba de contactar con las fincas con necesidades de jornaleros para marcar de ese modo los objetivos de trabajo a cubrir diariamente.

Durante el desarrollo de la operación, se ha llevado a cabo un registro en el domicilio del principal investigado, en el que se ha intervenido numerosa documentación personal de las víctimas (documentos de identidad nacionales de su país, libretas de apuntes sobre el trabajo, recibos de pagos de alquileres, libretas bancarias de otras personas). Asimismo, se ha intervenido diverso material informático y teléfonos móviles, que están siendo objeto de análisis y estudio.

La Comandancia ha recordado que el ámbito agrario es uno de los sectores donde los grupos criminales dedicados a la trata de seres humanos con fines de explotación laboral ejercen su actividad. Las diferentes campañas de recolección en las explotaciones agrícolas son "especialmente sensibles", porque generan una gran demanda de trabajadores temporales concentrada en periodos estacionales.

Las organizaciones de tratantes presuntamente captan a sus víctimas mediante engaño y se benefician ilícitamente de su trabajo en el campo. Suelen ser personas extranjeras (comunitarias y de terceros países) que se encuentran ya en España o que son captadas directamente en sus países de origen para ser explotadas.

26 inspecciones preventivas durante 2021

Para la Guardia Civil, la trata de seres humanos constituye una "prioridad" y sus capacidades de actuación integral la convierten en referente internacional en la lucha contra este fenómeno. Además de trabajar conjuntamente con instituciones y organismos como la ONU, el Consejo de Europa o Europol, el Instituto Armado colabora también a nivel bilateral con agencias y cuerpos de policía de diferentes países, especialmente con los países de origen o destino (cuando España se considera como país de tránsito). Durante el año 2021, la Guardia Civil llevó a cabo en la provincia de Córdoba un total 26 inspecciones preventivas en lugares donde podrían existir víctimas de explotación laboral o sexual, identificando a 806 personas. Estas inspecciones se realizan en coordinación con la Inspección de trabajo. La Guardia Civil subraya la importancia de la colaboración ciudadana para comunicar y denunciar situaciones de trata de seres humanos. Para ello cuenta con el número de teléfono 062 y con el servicio de alertas app Alertcops que permiten ofrecer una repuesta ágil, tanto a víctimas como a denunciantes.

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