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El portavoz de Compromís y miembro del Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal en el Senado, Carles Mulet, ha criticado este miércoles que el Gobierno la nación "se hace el sueco" respecto a la retirada en Belalcázar de un "símbolo franquista", en concreto de la denominada Cruz de la Media Legua, que homenajea a los caídos franquistas de la Guerra Civil en un paraje situado junto a la carretera A-422.
Así, Mulet preguntó por escrito al Ejecutivo central el pasado diciembre "qué medidas va a adoptar" para "hacer efectiva la retirada" de dicha cruz de homenaje a los caídos franquistas, y entiende Mulet que la respuesta escrita del Gobierno, que se ha producido ahora y a la que ha accedido Europa Press, no es más que un "corta y pega para no decir nada".
En concreto, la respuesta del Gobierno señala que "el artículo 36 de la Ley 20/2022, de 19 de octubre de Memoria Democrática, que entró en vigor el 21 de octubre pasado, contempla la confección de un catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática, que contendrá la relación de elementos que deban ser retirados o eliminados, y en el que podrán incluirse aquellos suministrados por las comunidades autónomas o solicitados por las víctimas, sus familiares o las entidades memorialistas, o resulten de estudios y trabajos de investigación".
"En todo caso -prosigue la respuesta-, deberán contener la descripción física del elemento en cuestión, con fotografía y exacta ubicación del mismo, así como las razones fundamentales historiográficas por las que debe considerarse contrario a la memoria democrática", añadiendo que, "por su parte, el artículo 14 de la Ley dispone que las actuaciones que lleven a cabo las administraciones públicas en materia de memoria democrática, en sus respectivos ámbitos competenciales, se regirán por el principio de colaboración y subsidiariedad y, en todo caso, respetarán el ejercicio legítimo de sus competencias respectivas".
A juicio de Mulet, con esta respuesta el Gobierno "se hace el sueco respecto a un símbolo franquista" y "usa el corta y pega para no decir nada", razón por la que, desde Compromís, "se ha vuelto a insistir con una nueva pregunta escrita para el Gobierno", para saber si "¿esa respuesta es para decir que no van a hacer nada con el tema expuesto?".
De hecho, con la pregunta planteada el pasado diciembre, Mulet quiso saber "¿qué medidas va a adoptar el Gobierno para incluir este símbolo concreto en el catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática y para hacer efectiva su retirada?", después de que el Ayuntamiento de Belalcázar, a requerimiento de Mulet, le respondiera que el Consistorio "no tiene competencias para esa retirada", dado que la cruz está en una parcela de "propiedad privada".
De forma específica, el Ayuntamiento explicó en un escrito a Mulet que dicha parcela es propiedad de los "herederos de Ana Rosales de Cárdenas", fallecida 1998, a lo que se suma que "existe hoy en día la Fundación Cárdenas-Rosales", con sede en Madrid, "que gestiona el legado" de Ana Rosales de Cárdenas, "que fue benefactora de la localidad, al ser su pueblo natal, y de Alfonso Cárdenas Rosales, su hijo", fallecido en 2010.
Aclaró el Consistorio de Belalcázar en su carta a Mulet que, "al ser una propiedad privada, este Ayuntamiento carece de las competencias necesarias para la retirada de dicho símbolo", por lo que insta al Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal o a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) a "que hagan las gestiones oportunas directamente" con la citada fundación para "la retirada" de la cruz, al entender el Consistorio que así "podrán obtener mejores resultados en esta difícil y costosa empresa de los que tendría este Ayuntamiento por sí solo".
Ante ello, Mulet recordó en su pregunta al Gobierno de España que el artículo 35.5 de la Ley de Memoria Democrática expone que "cuando los elementos contrarios a la memoria democrática estén ubicados en edificios de carácter privado o religioso, pero con proyección a un espacio o uso público, las personas o instituciones titulares o propietarias de los mismos deberán retirarlos o eliminarlos".
Por eso y dado que el Ayuntamiento de Belalcázar argumentó que la cruz está en una propiedad privada y que, por ello, "carece decompetencias para esta retirada", Mulet preguntó en diciembre al Gobierno de la Nación "qué medidas va a adoptar" para "hacer efectiva la retirada" de la denominada Cruz de la Media Legua, que homenajea a los caídos franquistas en la Guerra Civil y, ante la respuesta que le ha dado ahora el Gobierno, en la que simplemente transcribe dos artículos de la Ley de Memoria Democrática, sin añadir ninguna explicación más, Mulet ha vuelto a preguntar al Ejecutivo central.
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