Un total de 23 pueblos de Córdoba incumplen la obligación de facilitar sus datos económicos a Hacienda

El coste de los servicios prestados, sus planes a medio plazo, las líneas fundamentales de los próximos presupuestos... Los ayuntamientos están obligados a trasladar al Ministerio de Hacienda un elevado número de datos sobre su funcionamiento económico para evitar a tiempo posibles anomalías o desviaciones, aunque hay municipios que escapan a este control. En concreto, un total de 23 localidades de la provincia de Córdoba han incumplido con sus obligaciones de suministro de información para el ejercicio fiscal de 2023, según consta en el listado que el Gobierno acaba de publicar.

De entre todas estas localidades, destaca especialmente Villaralto, núcleo de apenas 1.100 habitantes ubicado en Los Pedroches. Su Ayuntamiento no solo ha sido el único que no suministró información de la liquidación del presupuesto de 2022, sino que acumula otros cinco incumplimientos, entre ellos no trasladar el coste efectivo de los servicios prestados, no facilitar las líneas fundamentales de los presupuestos del actual ejercicio y no comunicar los planes presupuestarios a medio plazo (para el periodo 2024-2026). Muy pocos ayuntamientos de Andalucía se acercan a este nivel de incumplimiento, solo Barbate, Ardales, Jimena de Líbar, Fuentes de Andalucía o El Saucejo.

La alcaldesa villaraltera, Celia Valverde (PP), ha lamentado que en la etapa anterior "las tareas de secretaría e intervención no se realizaron". Cuando está a punto de cumplir un año de mandato, la primera edil ha explicado que han mantenido reuniones con la Secretaría General de Estabilidad Presupuestaria y con Hacienda Local para solucionar esta situación. "Nuestra prioridad es lograr la estabilidad presupuestaria", ha subrayado la primera edil.

El pasado julio, nada más tomar posesión del cargo, Valverde advirtió de que la falta de recursos económicos del Ayuntamiento podía desembocar en la suspensión de los pagos de las nóminas de los trabajadores municipales por una situación económica que entonces calificó de "caótica y alarmante. El Ayuntamiento villaraltero estuvo gobernado durante varias mandatos por Izquierda Unida.

Más allá de Villaralto, Doña Mencía y Zuheros aparecen en el listado con tres incumplimientos, mientras que Cañete de las Torres, Dos Torres, El Guijo, Nueva Carteya y La Guijarrosa cometieron dos. La relación, con una falta, la completan Belmez, Encinas Reales, Fernán Nuñez, Fuente Obejuna, Fuente-Tójar, La Granjuela, Hornachuelos, Luque, Montalbán, Pedro Abad, Santa Eufemia y Villanueva de Córdoba. Pozoblanco y Priego de Córdoba son los únicos dos municipios grandes que aparecen en el registro de Hacienda: el primero incumplió la ejecución del cuarto trimestre de 2023 y el segundo, los datos relativos al coste efectivo de los servicios prestados.

El IV Plan de Gobierno Abierto

Esta publicación se enmarca dentro de los compromisos de transparencia y rendición de cuentas del Ministerio de Hacienda recogidos en el IV Plan de Gobierno Abierto 2020-2024, respuesta a las terribles consecuencias económicas derivadas de la pandemia del Covid-19. El primer bloque de compromisos, agrupados en torno al eje de transparencia, incluye tres actuaciones consistentes en la aprobación del Reglamento de la ley de transparencia, el impulso de la ratificación por España del Convenio del Consejo de Europa sobre acceso a los documentos públicos y la reforma de la Ley de transparencia.

"La transparencia es una política pública sensible que repercute directamente en la ciudadanía y altamente demandada por la sociedad civil. De hecho, la mayor parte de las propuestas recibidas en fase de consulta para el IV Plan de Gobierno Abierto estaban relacionadas con la transparencia, los datos abiertos y la rendición de cuentas", explica el Ministerio.

El compromiso adquirido, de esta manera, respondía a una estrategia coordinada que "aúna los esfuerzos de distintos actores para la mejora y refuerzo de la transparencia y la rendición de cuentas, y pretende superar la atomización de iniciativas en ocasiones dispersas y asegurar la mejora continua a medio y largo plazo". Así, en el ámbito de la supervisión y de los órganos garantes, se incluye un proyecto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y de distintos comisionados de transparencia de las comunidades autónomas para el establecimiento de un sistema de acreditación de la transparencia de las entidades públicas y privadas sujetas a la ley de transparencia.