Empleo, Seguridad Social y Justicia centran las quejas de los cordobeses al Defensor del Pueblo

Empleo y Seguridad Social y Administración de Justicia, fundamentalmente por los retrasos en la tramitación de procedimientos, centran las quejas de los cordobeses ante el Defensor del Pueblo Andaluz, que el año pasado fueron un total de 256, de acuerdo a la memoria de 2022 que este lunes ha entregado al Congreso de los Diputados la institución que encabeza Ángel Gabilondo.

El volumen de causas cae ligeramente respecto al año precedente, cuando fueron 264, y suman el 7,5% del conjunto de Andalucía, desde donde se elevaron 3.412 quejas. La provincia con un mayor volumen fue Sevilla, con 876; les siguieron Málaga, con 697; Cádiz, con 509; Granada, con 407; Almería, con 290; Córdoba, con las citadas 256, y Jaén y Huelva, con 196 y 181, respectivamente.

Al igual que ocurrió en el conjunto andaluz, el área de empleo y Seguridad Social centraron en la provincia de Córdoba buena parte del malestar ciudadano, con 46 quejas. Les siguieron las denuncias relacionadas con función y empleo público, que fueron 25, y las vinculadas a la Administración de Justicia, que sumaron 21.

Interior y seguridad también coparon buena parte de la preocupación ciudadana, con 15 quejas, así como la educación, con una docena. La sanidad fue motivo de nueve escritos al Defensor del Pueblo; los servicios públicos y esenciales, 13; la política social, 14; la actividad económica, 12; la situación de los centros penitenciarios, 17; y los impuestos y el medioambiente, nueve quejas en cada área. Como curiosidad, la desigualdad de trato no motivó ninguna denuncia, cuando en el conjunto de Andalucía supuso 40.

Dos recordatorios de deberes legales

Respecto a la memoria de 2021, el Ayuntamiento de Córdoba capital sale del listado de entidades no colaboradoras, pero entra el de Lucena. Y lo hace por un requerimiento sobre barreras arquitectónicas en el Hotel Santo Domingo. La Oficina del Defensor recuerda que soliticó ampliación de información el día 15 de enero de 2021 sobre barreras arquitectónicas, y en agosto emitió un tercer requerimiento.

En cuanto a la capital, el Defensor recuerda en dos ocasiones que las solicitudes de alta en el padrón que se presenten acompañadas de los documentos acreditativos se inscriban “sin más trámite” y con efectos desde esa fecha, o en un plazo máximo de tres meses cuando haya que comprobar la veracidad de algún dato.