La Fiscalía de Córdoba afirma que el auto del juez de Montilla es una llamada de alarma sobre los niños apátridas

El fiscal Fernando Santos Urbaneja, que instó la afiliación en el Registro Civil de una bebé de 19 meses que no fue inscrita tras nacer en Orán (Argelia) y que en marzo pasado llegó con su madre a España, cree que el auto que la acuerda es una llamada de alarma a todas las instituciones sobre los menores apátridas.

Santos Urbaneja ha señalado este martes que el auto del titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Montilla, Francisco José Ortega Reyes, es "muy didáctico", que "carga las tintas en el aspecto social, pero sobre la ley que está aplicando" y que supone "una llamada fuerte, severa a evitar la apatridia".

A su juicio, "lo que hace (la resolución judicial) es explicar eso desde la óptica de los derechos humanos, es lo que tiene de valor añadido este auto, que quien lo ha leído ha caído en la cuenta de determinadas cosas".

El auto del juez de Montilla, que no ha querido hacer manifestaciones sobre su resolución, argumenta que la falta de inscripción de la menor, nacida en Orán de madre camerunesa y padre desconocido el 27 de marzo del 2020, provoca que "no ha existido, no existe ni existirá" la bebé si no se formaliza documentalmente su nacimiento.

Para el fiscal, "lo que dice la ley es que tenemos que poner todos los medios para que haya una inscripción pronta, inmediata y para evitar situaciones, dice el artículo 7 de la Convención de los Derechos del Niño, de apatridia".

El fiscal que ha llevado el procedimiento ha afirmado que ha sido "un eslabón de un cadena más larga", en la que ha destacado que "han sido las asociaciones de acogida las que han preparado el terreno y la documentación magníficamente".

Así, ha añadido, "en el momento de acudir al juzgado hemos funcionado las dos instituciones que el Estado tiene al servicio de los vulnerables, la magistratura de petición que es el fiscal y la magistratura que decide".

El representante del Ministerio Público, que es el delegado de Personas Mayores, con Discapacidad y Consumo de la Fiscalía en Andalucía, ha aseverado que "el juez ha hablado de la inscripción como un derecho fundamental, como un derecho humano", lo que ha permitido que "el ciudadano ha llegado a entender hasta qué punto es importante estar inscrito".

Eso, ha concretado, porque "puedes tener muchos derechos, difusos, pero para que se concreten, para que te los admitan, tienes que estar registrado", hasta el punto, puso como ejemplo, que "si ahora a nosotros nos quitan el DNI, si vas a viajar no nos dan el billete, no te dan prácticamente nada, tus derechos se te quedan prácticamente a cero".

Sobre una posible multiplicación de este procedimiento, Fernando Santos ha declarado que "la mayor parte de estos menores están en la clandestinidad, no tiene un paradero fijo", lo que impide abrir cualquier vía en esta línea.

En el caso instruido en Montilla, se daba la situación de que había "una residencia, estable, con un proyecto de futuro, se dan esas circunstancias extraordinarias que hace que puedas hacer lo normal, que es pedirlo y que el juez lo estime".