Hacienda reclama a los municipios de Córdoba el reintegro de 9,7 millones de euros

Los municipios de Córdoba tendrán que devolver 9.735.758 euros por su Participación en los Ingresos del Estado (PIE) del ejercicio 2017, una operación que el Ministerio de Hacienda ha resuelto "con nocturnidad, sin previo aviso y sin posibilidad de fraccionar nada", como ha denunciado este miércoles la portavoz del PP en la Diputación de Córdoba, María Luisa Ceballos. Los populares, de hecho, llevarán al próximo Pleno de la institución provincial una moción en la que instan "de manera urgente" al Gobierno central a que permita dividir el reintegro para solventar así la situación de asfixia que ya soportan las entidades locales.

La Participación en los Ingresos del Estado (PIE) que reciben las diputaciones y ayuntamientos es una de sus "principales vías de financiación". A principios de cada año, Hacienda realiza una estimación de lo que va a recaudar a través de impuestos como el IRPF o la venta de tabaco. En base a esos números, se adelanta la recaudación a las entidades locales, teniendo en cuenta criterios como la población.

La cifra resultante se ingresa cada mes en las cuentas de la entidad correspondiente y, cuando el ejercicio fiscal ya está terminado, el Estado procede a realizar la liquidación en base a los ingresos reales que ha tenido a lo largo del año; eso es, el dato sirve para comprobar si el dinero entregado a los ayuntamientos es correcto o si se han producido desviaciones. Y en el ejercicio 2017, último cerrado, el resultado ha sido negativo para buena parte de los municipios de Córdoba, que ahora tendrán que devolver el dinero.

“La sorpresa ha llegado al recibir la última liquidación del año 2019, cuando los ayuntamientos han visto aminorados sus ingresos al ejecutar una buena parte de estos reintegros", ha lamentado la también alcaldesa de Priego de Córdoba. Y ha denunciado que la operación se ha ejecutado "con nocturnidad, sin previo aviso y sin posibilidad de fraccionar nada o acogerse a los mecanismos que existían para casos similares en los años 2008, 2009 y 2013".

Estos reintegros, si no se fraccionan, suponen la "asfixia" de las entidades locales, las que mayor problema de financiación sufren. Y llega en un momento en que los municipios están aprobando sus presupuestos, lo que está provocando importantes descuadres, ha advertido Ceballos.

Solo se libran cuatro localidades

La Diputación de Córdoba tendrá que devolver 3.850.406 euros, el Ayuntamiento de Córdoba 2.342.412 euros y el resto de localidades de la provincia, 3.542.940 euros. En total: 9.735.758 de euros que retornarán a las arcas del Estados y que ya estaban presupuestados e incluso gastados. Únicamente se escapan cuatro: Los Blázquez, Fuente Tójar, Guadalcázar y Zuheros.

Algunos de los que más tributos tienen que devolver, todos por encima de los 100.000 euros, son Lucena (372.602 euros), Montilla (260.102), Priego de Córdoba (241.909), Palma del Río (215.896), Fuente Palmera (164.337), Cabra (149.490), Baena (129.296), Pozoblanco (107.059) o Montoro ( 102.242).

La situación no es nueva. Como ha recordado Ceballos, ya se produjo en los años 2008, 2009 y 2013. En este último y con el PP en el Gobierno, se llevó a cabo una negociación con las diputaciones y ayuntamientos a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para flexibilizar la devolución, y se acordaron medidas a las que las entidades locales y provinciales se podían acoger como fraccionar hasta en diez años el periodo para devolver las cantidades, o en otro caso un plazo de devolución de 120 mensualidades. Es lo que el PP de Córdoba requiere ahora.

La proposición, en concreto, insta de manera urgente al Ministerio de Hacienda a que lleve a cabo el fraccionamiento del reintegro de los saldos de liquidación negativa del 2017, con los mecanismos facilitados para otras liquidaciones negativas anteriores como la de 2013. “No se puede asfixiar a la Diputación de Córdoba y a los ayuntamientos recortando los ingresos de forma inesperada cuando la mayoría de entidades tiene sus presupuestos aprobados o en vías de aprobación; esto pone patas arriba la financiación de nuestras entidades más cercanas al ciudadano, generando graves problemas tanto para las administraciones locales y provinciales como para la gestión diaria de nuestros municipios”, ha lamentado la portavoz popular.