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La Junta de Andalucía ha iniciado una investigación para aclarar por qué la alcaldesa del municipio cordobés de Torrecampo, la socialista Francisca Alamillo, se habría vacunado contra el covid-19 saltándose supuestamente los protocolos, como ha denunciado el Partido Popular.
Fuentes de la Delegación del Gobierno en Córdoba explican que algunos de los datos aportados por la regida "no cuadran" para justificar su inmunización junto a los trabajadores y usuarios de la residencia municipal torrecampeña.
En primer lugar, al tratarse de la presidencia de la fundación o patronato que rige el centro geriátrico, Alamillo no tendría vinculación laboral con el centro, por lo que no sería justificable, "como ella dice, que entre como mínimo una vez a la semana a la residencia, ya que las medidas sanitarias actuales hablan de que solo el personal laboral puede acceder".
Por otra parte, la Junta aprecia incongruencias en las "dos versiones" que la primera edil socialista aporta sobre la vacunación en redes sociales: que sobraron varias dosis y a ella le pusieron una y que el Área Sanitaria Norte la obligó. A juicio de la Junta, es "falso", pues "la vacuna no es obligatoria para nadie", explican las mismas fuentes.
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