La Junta vigilará a los dos detenidos por estafa subvencionados con fondos Miner

La Junta de Andalucía vigilará de cerca a los dos empresarios que fueron detenidos por estafa y falsificación el pasado miércoles en un céntrico hotel de la capital cuando iban a recoger el certificado que acredita la concesión de una subvención de los fondos Miner. Según la información facilitada ayer a El Día, la Administración autonómica no tiene previsto posicionarse sobre el proceso policial y judicial que se ha abierto contra los emprendedores, pero sí advierte que les obligará a devolver el dinero en el caso de que la investigación concluya que se han producido "irregularidades" y, por tanto, son culpables de los cargos que se le imputan. Ambos percibirán en torno a 11 millones procedentes del Miner para desarrollar dos de los 21 proyectos incluidos en el programa.

Aparte de exigir el reintegro de las ayudas recibidas, la Junta podría reclamarles además los intereses legales correspondientes a este importe, así como aplicar la sanción que establece la Ley General de Subvenciones para quienes incurran en algún tipo de irregularidad. Las fuentes consultadas del Gobierno andaluz aclararon asimismo que el seguimiento tanto de estos dos casos como de los otros 19 que se han beneficiado con algún tipo de ayuda del Miner forma parte de las competencias asignadas en el acuerdo firmado con el Ministerio de Industria. La Junta también es responsable de realizar las comprobaciones cuando se ordena el pago, así como del seguimiento al proyecto en los cinco años siguientes a la entrega de la ayuda.

Tanto la Junta como el Gobierno central señalaron que hasta el momento de las detenciones desconocían que había dos empresarios denunciados en Móstoles por apropiarse presuntamente de la patente de la cepa del lactobacilus delbrueckii, una sustancia clave para el desarrollo de sus proyectos. La importancia de esta cepa es tal que el cálculo que los denunciantes hacen sobre el dinero que los empresarios podrían obtener gracias a la obtención de esta sustancia se eleva a unos 40 millones de euros.

Según los datos que se incluyen en la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, los empresarios son M.G.V.A., española, y E.M.T.B., búlgara. A ambos se les imputan los delitos de estafa y falsedad de documental, así como un delito contra la propiedad intelectual e industrial. Los arrestados trabajaron en la empresa en la que registró la patente, si bien ninguno de ellos consta como propietario intelectual. Los cotitulares de la patente son José Miguel de las Heras y María Angelova Baltadzhieva.

La relación de ambos con la entidad que dirige De las Heras concluyó, según la denuncia, "de manera extraña y sorprendente" entre abril y junio de este año, pues "desaparecieron sin dejar rastro y se llevaron cuanta información sobre la cepa habían recopilado". La denuncia detalla que la despedida del primero de los acusados "vino precedida por un sinfín de amenazas de muerte", mientras que en el caso de la mujer se produjeron tanto "coacciones" como "insultos y chantajes".

Fue entonces cuando se produjo la solicitud de las ayudas al Gobierno central, de tal forma que uno de ellos ha resultado beneficiado con un subvención de algo más de seis millones de euros, mientras que la otra detenida supera los cuatro millones. En ambas iniciativas empresariales figura la cepa como eje vertebrador de los proyectos.

Este producto, que es auténtico y cuya titularidad y supuesto uso fraudulento es lo que está ahora en cuestión, es "beneficioso para la salud en general y particularmente novedoso y efectivo -según se afirma en la comunidad científica- en relación al tratamiento de enfermedades que afectan al sistema inmunológico y a la masa ósea", como así lo detalla la denuncia.