La Ley del Olivar llegará al Parlamento en verano tras las aportaciones del sector
Agricultura insiste en que la concentración es la solución para mejorar el precio del aceite
La anunciada Ley del Olivar será una realidad a lo largo del presente año, siempre que se cumplan los plazos previsto por la Junta de Andalucía y que ayer explicó el secretario general de la Consejería de Agricultura, Dimas Rizzo, quien avanzó en Córdoba que el trámite parlamentario del proyecto de ley se iniciará a finales de junio o primeros de julio, que será cuando se registre la propuesta en la Cámara autonómica. Rizzo se reunió en la capital cordobesa con representantes de la organizaciones agrarias -Asaja, COAG y UPA- y de las cooperativas de la provincia para explicar algunos aspectos del proyecto, ya que la intención de la Consejería es contar con las aportaciones de todos los sectores productivos ligados al cultivo del olivar. Dimas Rizzo justificó la aprobación de este ley insistiendo en "la importancia territorial" del olivo, que ocupa en Andalucía 1,5 millones de hectáreas, lo que convierte a la comunidad en el "líder mundial" en la producción de aceite de oliva.
La elaboración del proyecto de Ley del Olivar se ha dividido en cuatro fases. La primera, "prácticamente concluida", consiste en un diagnóstico sobre la situación del sector, desde el cultivo hasta la elaboración, el envasado o la comercialización de los caldos. La segunda fase consistirá en las aportaciones de un grupo de expertos ajenos a la Administración a través de distintos seminarios hasta el mes de marzo. En estas reuniones se intentarán localizar los puntos críticos del sector, sus amenazas y definir la estrategias necesarias.
La tercera y cuarta fase tratarán de consensuar unas conclusiones de lo realizado hasta ese momento y plantear medidas y aspectos que deben recogerse en el proyecto de ley, "que se redactará después con el fin de que a primeros de julio pueda iniciarse el trámite parlamentario", explicó el secretario general de la Consejería de Agricultura. Por su parte, el delegado de Agricultura, Francisco Zurera, calificó la futura Ley del Olivar como "necesaria e importante".
De todas formas, el bajo precio del aceite de oliva ocupó gran parte de la comparecencia de Dimas Rizzo ayer en Córdoba. El dirigente señaló que será uno de los aspectos a estudiar en la nueva ley, si bien comentó que la situación actual no es achacable a un sólo elemento, sino que entran en juego varios factores, como el consumo o el nivel de existencias en las bodegas.
Sobre cuándo se podrían recuperar los mercados, Rizzo avanzó que "es complicado" averiguar las tendencias, aunque "parece" que se vislumbran algunos repuntes. No obstante, el secretario general de Agricultura fue contundente al asegurar que uno de los problemas del sector aceitero es la atomización frente a la concentración de la demanda, de ahí que reclamara la creación de grupos comercializadores. "La oferta no tiene más remedio que concentrar la venta", dijo. Dimas Rizzo avanzó además que su departamento está preparando una orden con la que se tratará de incentivar los procesos de concentración de empresas del sector agrario, aunque todavía no está ultimada la propuesta.
El representante de la Federación de Cooperativas Agrarias de Andalucía (Faeca), Rafael Sánchez de Puerta, indicó que la práctica de algunas empresas de vender sin precio "es letal" para el aceite e insistió en que el mercado mundial del zumo de oliva "se debe controlar desde Andalucía". Sánchez de Puerta, dijo que ese tipo de actuaciones "sólo sirven para bajar más aún el precio" y añadió que no cree que el "desmoronamiento" de los precios se deba a una caída en el consumo, sino a "un ficticio exceso de producción, basado en previsiones poco realistas".
El presidente de Asaja Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa, pidió que la Ley del Olivar retoque el precio de arranque del almacenamiento y contemple un proceso de reconversión del olivar tradicional, mientras que el secretario general COAG en Córdoba, Francisco Garrido, solicitó a la Junta que ejerza un "cierto proteccionismo" sobre los precios.
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