El PP culpa al gobierno local de Lucena de "consentir" barreras arquitectónicas en la calle El Peso

La única sucursal operativa del Banco Santander en Lucena es territorio vedado para las personas con movilidad reducida. Varios escalones, con acusada inclinación, continúan en el exterior de la oficina de la calle El Peso tras una fugaz obra iniciada este pasado enero y detenida poco después de comenzar.

El Partido Popular ha acusado al equipo de gobierno de Lucena de adoptar una actitud tímida y débil con esta entidad financiera porque, desde hace tres años, los plazos coercitivos, para el cumplimiento de la ley de accesibilidad universal, se difieren, afirma esta fuerza política, sin acordar nunca decisiones contundentes.

En los últimos tiempos, este banco ha cerrado otras dos dependencias implantadas en la localidad –y que sí reunían condiciones óptimas de tránsito- y ha unificado sus servicios en un edificio con unas pronunciadas e insuperables barreras arquitectónicas. Recientemente, ha adquirido otra propiedad en el casco urbano del municipio e incluso posee, esta entidad española, la licencia de obras pertinente para la reforma. El traslado a estas nuevas instalaciones, prevé el PP, se consumará en unos dos años y el PP inquiere al gobierno municipal sobre si “va a consentir dos años más de incumplimiento de la normativa” relativa a “la accesibilidad”.

En 2018, el Ayuntamiento, todavía en el anterior mandato corporativo, ya requirió al Banco Santander al objeto de adecuar su establecimiento público a los preceptos vigentes de accesibilidad. Una obligación igualmente reclamada a multitud de titulares de propiedades privadas de uso público. El PP ha manifestado que concurre “un trato desigual” que favorece al Banco Santander.

A partir de junio de 2020, de forma constante, cada mes, según el contenido de las actas descritas en una comparecencia pública, ante “la pasividad” del gobierno municipal, el Partido Popular siempre ha interpelado al equipo de gobierno, en la comisión informativa de Urbanismo, acerca de los trámites impulsados al objeto de demandar a esta entidad bancaria “el cumplimiento de la ley”.

A finales de 2020, el Ayuntamiento envió otro mandato reclamando la realización de la actuación y, en el comienzo del 2021, arrancaban unos trabajos detenidos inmediatamente ya que podrían invadir un espacio público.

La concejala del Partido Popular, Rosario Valverde, ha urgido al alcalde de Lucena, Juan Pérez (PSOE) a rubricar una resolución que rechaza la ocupación del dominio público para la instalación de un ascensor –opción solicitada por el Banco Santander- y, posteriormente, una vez formalizada esta diligencia pertinente, reenviar la orden de ejecución –con un plazo de tres meses- y un expediente sancionador. El PP aboga, desde meses atrás, por promover los procedimientos oportunos que permitan la imposición de multas y, en su caso, la suspensión de la licencia y la clausura de la oficina.

En síntesis, el PP asevera que el gobierno local socialista “está permitiendo y tolerando” que esta sucursal “sea total y absolutamente inaccesible” y aprecian un problema de ausencia de “valentía política”. Un colectivo social, que defiende los derechos de las personas con movilidad reducida, denominado Cota Cero, ya ha solicitado amparo al Defensor del Pueblo Andaluz. Hace unas semanas, anunció la convocatoria, esta asociación, de una rueda de prensa, en la puerta del Banco Santander. Esta comparecencia finalmente quedó anulada.

El Partido Popular asegura que existen opciones viables como la habilitación de una entrada a través de un edificio contiguo, que precisaría de una autorización de unos vecinos con los que no ha contactado en ningún momento el Banco Santander, y, también, la reubicación en otro lugar.