El PP critica la "escasa lógica" de la gestión durante la etapa de Ruiz

Córdoba/El presidente del PP de Córdoba, José Antonio Nieto, y la alcaldesa de Peñarroya-Pueblonuevo, la popular María Gil, confesaron ayer no sentirse "sorprendidos" por la detención de la exregidora del PSOE Luisa Ruiz, porque -apuntaron- ya se conocía la "realidad" del municipio y "muchas de las actuaciones que se llevaron a cabo" durante su etapa se caracterizaban por la "escasa adecuación a la lógica". "También tenemos dudas sobre su adecuación al ordenamiento jurídico", destacó Nieto en una comparecencia que tuvo lugar en la sede provincial del PP, en Córdoba capital. "Por encima de cualquier cosa hay que dejar a salvo el buen nombre y prestigio del municipio", pidió Nieto, quien destacó a continuación, que los vecinos de la localidad ya "normalizaron la situación con un cambio radical de gobierno que hace que hoy la imagen de la tranquilidad y la democracia sea la de María Gil".

Nieto tildó de "muy grave" la situación al tratarse Ruiz de una persona "que no sólo fue alcaldesa de Peñarroya-Pueblonuevo, sino que también formó parte del consejo de administración de Cajasur, ha tenido responsabilidades importantes en la dirección del PSOE en Córdoba" y, en la actualidad, estaba en la dirección regional del partido. "No hablamos de cualquiera", insistió.

La regidora envió un mensaje de "tranquilidad" a los vecinos e insistió en que el Ayuntamiento "va a seguir funcionando con normalidad". El actual equipo de gobierno -defendió- se esforzará por "restablecer la legalidad" en el Consistorio. "Cuando llegamos, el Ayuntamiento se encontraba en una situación de total y absoluto quebranto", describió. "Ahora lo único que nos importa es que todo se aclare", defendió la primera edil. Gil, que no quiso profundizar en el caso por encontrarse bajo secreto de sumario, sí dijo que la investigación arrancó a raíz de una denuncia presentada por su equipo de gobierno tras detectar presuntas irregularidades en subvenciones destinadas al desarrollo económico de la localidad. Los proyectos que levantaron las sospechas fueron el Tren Turístico del Guadiato y el Museo del Ferrocarril, aunque la Guardia Civil amplía las pesquisas sobre toda una "cadena" de presuntas irregularidades.

Nieto pidió a los vecinos comprensión para entender "de dónde proceden situaciones que ahora son muy complicadas" en Peñarroya-Pueblonuevo, hasta el punto de que el actual equipo de gobierno llegó a colgar hace unos meses una pancarta para anunciar su quiebra.

Nieto aprovechó la detención de Luisa Ruiz para hacer un repaso por los últimos casos de corrupción que han salpicado a alcaldes de municipios cordobeses. Dijo sentirse "orgulloso" debido a que "ninguno" de los 20 regidores populares en la provincia "tiene ninguna sombra de duda sobre su gestión" y pidió que los políticos que "hacen mal uso de las normas, las reglas y el dinero de los ciudadanos lo paguen con toda la crudeza de la ley y el mayor rigor que se pueda aplicar".

"Desgraciadamente no es un hecho aislado, ni sólo es Peñarroya-Pueblonuevo donde se han encendido las alarmas de la ilegalidad en la provincia", advirtió. Nieto repasó algunos casos actuales de investigaciones judiciales, como la que se centra en el alcalde de La Rambla, Juan Jiménez, de IU, por supuestas irregularidades en contrataciones; el "agujero" en el Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación, o la situación "sistémica" del Ayuntamiento de Fuente Palmera, "donde prácticamente nada se hacía conforme a la ley" en la etapa del exregidor socialista Antonio Guisado, ya condenado por la Audiencia Provincial. También recordó el caso de las dietas irregulares de Benamejí, con la imputación del alcalde socialista José Ropero; el caso de las "facturas falsas" de la localidad de Baena; la "prevaricación" en Nueva Carteya o el Gestagua, también en Peñarroya-Pueblonuevo.

Nieto criticó que "siempre ha ocurrido igual" en la reacción del PSOE con sus dirigentes señalados por la Justicia. Primero se produce la "sorpresa", luego llega la "negación de la realidad" o la fase de culpar a las autoridades judiciales, pero nunca se reconoce una "mala práctica".