El PP señala que "alguien ha guardado" reclamaciones de la Seguridad Social al Consorcio

La investigación para conocer cuál es la situación real y qué ha ocurrido en el Consorcio Provincial de Extinción de Incendios para que cuente con un agujero de diez millones de euros no ha hecho más que comenzar. De momento, habrá que esperar a los resultados que ofrezca la comisión técnica creada en el seno de este organismo dependiente de la Diputación, si bien ya se conocen algunos detalles de lo ocurrido.

Así, el presidente del Consorcio de bomberos y responsable de Presidencia y Régimen Interior de la Diputación, el popular Manuel Gutiérrez, reconoció a El Día que desde que su partido gobierna la institución provincial -junio de 2011- han recibido hasta cuatro notificaciones de la Tesosería General de la Seguridad Social en las que les alertaban de que no se estaban atendiendo los pagos de los aplazamientos ya pactados con anterioridad, ya que desde 2003 se estaban produciendo retrasos e impagos. De esas cuatro misivas, dos se recibieron a finales de 2011 y otras dos en enero y febrero de 2012.

Sin embargo, el responsable del Consorcio de Extinción de Incendios de la Diputación asegura que "nadie" le ha avisado en este tiempo de la recepción de esas cuatro cartas de la Seguridad Social. De hecho, Manuel Gutiérrez afirmó ayer que esos requerimientos "alguien los ha guardado, los ha roto o los ha metido en un cajón, no lo sé, pero a mi nadie me ha comunicado en este tiempo nada de esto", sentenció el también portavoz del PP en Lucena.

Es más, el diputado provincial se reafirmó en que fue el escrito registrado el día 5 de marzo el primero que tuvo en sus manos donde se daba cuenta de la situación de este organismo público, en el que trabajan unas 200 personas y que adeuda a la Seguridad Social 7,2 millones de euros en cuotas. Gutiérrez dijo que con el avance de la investigación abierta para aclarar la situación de este consorcio público "se verá qué es lo que ha pasado y ya veremos si esos informes se trasladan a la Fiscalía a la Cámara de Cuentas o a donde los técnicos nos recomienden", expuso el responsable del Consorcio.

Hasta ahora, según algunas fuentes, se han solicitado a la Seguridad Social dos aplazamientos de pago, uno de ellos en 2007 y otro en 2009, si bien en ambas ocasiones la entidad no cumplió con los pagos. Estas presuntas irregularidades se produjeron durante los mandatos en los que el PSOE gobernó la institución provincial y en los que los diputados responsables del Consorcio fueron Francisca Carmona (2003-2007) y Fernando Expósito (2007-2011).

Hoy mismo inicia su actividad esa comisión técnica aprobada en la última sesión del consejo rector del Consorcio, una propuesta que contó con el apoyo de los representantes de los cuatro partidos con representación en la Cámara Provincial (PP, PSOE, IU y Unión Cordobesa) y de la que quedan fuera los políticos. Gutiérrez avanzó que además de las labores de intervención y control cuentan con las aportaciones del nuevo gerente de la entidad, Juan Carlos Jurado, que se suma a esta comisión de trabajo.

Además de la situación financiera del Consorcio y del plan de viabilidad para el mismo, la comisión deberá intentar aclarar qué controles han fallado para que no haya sido hasta ahora cuando se ha tenido conocimiento de este agujero de diez millones de euros en la empresa pública. Como ya comentó el pasado viernes el vicepresidente primero de la Diputación cordobesa, Salvador Fuentes, 7,2 millones de euros vienen derivados del impago de las cuotas de la Seguridad Social del Consorcio desde 2003 y 2.748.300 euros de la formalización de una póliza de crédito con fecha de 22 de junio de 2011.

Fuentes calificó el hallazgo del actual equipo de gobierno del PP como un "quebranto económico y social" fruto de una "dejación de responsabilidades muy preocupante y con consecuencias muy graves. Esta situación tiene un impacto económico en las cuentas del Consorcio, que está en quiebra técnica". Con relación a la póliza de crédito formalizada por importe de 2,7 millones de euros, de la que el equipo de gobierno tuvo conocimiento por la entidad bancaria prestataria, Fuentes explicó que restaban por pagar 1,6 millones de euros, de los que se han cancelado ya 700.000 euros que iban destinados a nóminas y quedan pendientes de pago 900.000 euros a un interés del 18 %.

El delegado en la junta de personal del Consorcio por sindicato mayoritario, CSI-F, Juan Manuel Toledo, mostró también su "desconcierto e incertidumbre" por la situación y también aseguró que la prioridad es asegurar las nóminas de todos los trabajadores. Hizo hincapié en la necesidad de garantizar los sueldos del personal interino y del resto del Consorcio. Desde el sindicato mostraron una actitud abierta y no descartaron "los esfuerzos de los trabajadores" para arreglar la situación. Así, Juan Manuel Toledo aseguró que "entendemos las circunstancias y los trabajadores trataremos de arrimar el hombro para solucionar el tema". El delegado del CSI-F no ocultó que las deudas "nos han pillado de imprevisto, no nos lo esperábamos".