Piden seis años de cárcel para el alcalde de Nueva Carteya tras un conflicto por ruidos
El gobierno local defiende que el Ayuntamiento ha obrado "correctamente" con "las medidas oportunas"
La Fiscalía ha pedido penas de seis años y cuatro meses de cárcel para el alcalde de Nueva Carteya, Vicente Tapia (IU), acusado de presuntos delitos contra el medio ambiente por contaminación acústica, lesiones y prevaricación, tras denunciar un vecino al alcalde y al propietario de un hostal-restaurante del municipio por el ruido que supuestamente genera el establecimiento.
Según han informado a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Cabra tramita el procedimiento abreviado y ha dictado un auto de apertura de juicio oral contra el regidor y la otra persona investigada.
Al respecto, según ha detallado el Ayuntamiento de Nueva Carteya en una nota, el caso obedece a "un conflicto entre vecinos en el que una de las dos partes finalmente ha decidido denunciar al considerarse perjudicada ante la supuesta emisión de ruidos generados por el desarrollo ocasional de la actividad de hostal-restaurante".
En este sentido, desde la Alcaldía han manifestado que "se han mantenido diversas reuniones con ambas partes a lo largo de los últimos años con la clara intención de evitar cualquier tipo de molestia que se pudiera derivar de dicha actividad".
Una vez que se judicializa este asunto, el juzgado ha iniciado las actuaciones previas, dictándose a continuación auto donde el Ministerio Público ha presentado escrito de acusación provisional por contaminación acústica en el que pide cuatro años de cárcel para Vicente Tapia por la supuesta comisión de un delito contra el medio ambiente y lesiones y dos años y cuatro meses por prevaricación medioambiental, además de inhabilitación e indemnización económica.
Aunque la petición del fiscal es provisional, "pudiendo pasar incluso varios años hasta que se resuelva definitivamente este asunto", desde el equipo de gobierno han mostrado su "malestar e indignación por considerarla desproporcionada e injustificada", toda vez que creen "firmemente que el Ayuntamiento ha obrado correctamente en este asunto, adoptando las medidas oportunas desde que se tiene conocimiento del informe técnico de acústica".
Entretanto, el gobierno local ha subrayado que "aporta la claridad que siempre ha caracterizado" su forma de proceder y de igual manera se lo han transmitido al grupo de la oposición en la Junta de Portavoces celebrada el día 7 de marzo.
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