Lucena eleva al 30% la plusvalía entre varios supuestos de exención del impuesto

La adaptación, a la nueva normativa nacional, del impuesto de plusvalía en Lucena conjuga y equilibra un aumento del tipo impositivo hasta el 30% con varios supuestos de exenciones y, además, bonificaciones si compete a la vivienda habitual.

Con los votos a favor del equipo de gobierno socialista, Ciudadanos e Izquierda Unida, el Pleno, en una sesión extraordinaria, el Ayuntamiento ha validado una serie de correcciones que ajustan las disposiciones municipales a las modificaciones que ha supuesto el Real Decreto 26/2021 en el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

En octubre del 2021, el Tribunal Constitucional resolvía la nulidad de diferentes artículos de los preceptos anteriores, entre ellos, algunos relativos a los cálculos estipulados al gravar el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.

Por el momento, hasta que culmine la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de la ordenanza, luego del período de exposición pública, las compraventas que se formalicen quedan dispensadas de esta plusvalía.

A partir del pronunciamiento del Tribunal Constitucional, este último octubre, el Ayuntamiento ha debido paralizar el requerimiento de los pagos, relativos a este tributo, correspondientes a actos jurídicos aún en proceso, tanto en fase de gestión, liquidación y recursos. Por lo tanto, únicamente recaía la obligación en los procedimientos firmes.

La sentencia del TC establece, finalmente, la imposibilidad de exigir los pagos condicionados a la legislación aplicada desde 2004 y aún pendientes de liquidar. El plazo para saldar estos ingresos se establecía en cuatro años y, retrasos sistemáticos en la administración local, provocaban que los importes de plusvalía se girasen prácticamente al límite del tiempo ordinario. Por tal motivo, este nuevo escenario, después del fallo del Tribunal Constitucional, imposibilita saldar múltiples impuestos de esta tipología.

La nueva legislación impulsada por el Ministerio de Hacienda inserta 12 modificaciones y los ayuntamientos poseen seis meses para amoldar sus ordenanzas.

En Lucena, la concejala de Hacienda, Carmen Burgos (PSOE), ha negado que “la aprobación” de estas novedades conlleve un incremento de los ingresos en las arcas municipales. Así, los servicios de Intervención Municipal mantienen una previsión de recaudación de 360.000 euros, evidentemente inferior a los 610.000 euros reconocidos en 2021.

El PP y Vox han votado en contra tanto por “las dudas jurídicas” que contemplan en el nuevo real decreto, vigente desde noviembre y recurrido ante el Tribunal Constitucional, como por la subida del tipo impositivo propuesta por el gobierno municipal socialista.

Ante los razonamientos vertidos por PP y Vox, Carmen Burgos refutaba que la proposición del Ayuntamiento es “adaptar la ordenanza a la legislación que esté vigente en cada momento” y que si el Tribunal Constitucional falla en contra del actual texto, de nuevo el Pleno se elevarán las modificaciones que sean necesarias. “No podemos prescindir de estos ingresos, aunque se vean mermados respecto a años anteriores, por salvaguardar el equilibrio económico del Ayuntamiento”, finalizaba la responsable municipal de Hacienda en una sesión extraordinaria del Pleno celebrada este último viernes.