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El delegado de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Acosta, ha destacado que “ya se han materializado la mayoría de los pagos a los 2.208 agricultores y ganaderos de la provincia de Córdoba beneficiarios de las ayudas por valor de 9,61 millones de euros”. Se trata de unas ayudas agroambientales incluidas en la medida 10 del Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Andalucía 2014-2022, para un total de 2.488 expedientes, ya que un productor puede acogerse a más de una línea.
Acosta ha puesto de relieve la utilidad de estas ayudas agroambientales en Córdoba, donde “gracias a las prácticas sostenibles y adicionales puestas en marcha por los agricultores y ganaderos se está inyectando liquidez en estos momentos de crisis”.
Del total de las ayudas, 1.422.802 euros corresponden a 760 expedientes en los sistemas sostenibles de olivar, unas prácticas en las que la provincia es líder en Andalucía. La línea de agricultura de montaña con orientación ecológica en olivar beneficia a otros 609 expedientes con 1.275.872 euros. Ambas demuestran la relevancia de las explotaciones de olivar en Córdoba.
El sector ganadero es otro de los grandes beneficiados, con 6,47 millones de euros para 994 expedientes. Destaca la línea de enmienda caliza del suelo para prevención y control de la podredumbre radical en formaciones adehesadas, con 3,15 millones para 254 expedientes. Esta línea de ayuda se ha convocado por primera vez en la campaña 2022 y Córdoba es la provincia con mayor número de beneficiarios e importe pagado de Andalucía.
La ayuda al mantenimiento de sistemas tradicionales de ganadería extensiva de rumiantes en Andalucía está dotada con 3,33 millones para 470 expedientes y las ayudas a la conservación y mejora de pastos en sistemas de dehesas, cuenta con 391.428 euros y 172 expedientes.
El delegado de Agricultura ha puesto igualmente de manifiesto los pagos en apicultura para la conservación de la biodiversidad con 537.036 euros para 31.426 colmenas, así como los cultivos agroindustriales de algodón y remolacha que suponen 391.161 euros para 113 expedientes.
Acosta ha destacado que la medida 10 “supone un incentivo elemental para la sostenibilidad de la actividad agraria de Andalucía, ya que persigue el mantenimiento de actividades beneficiosas para el medio ambiente, así como la introducción de sistemas productivos que permiten un uso más sostenible de los recursos naturales y el desarrollo sostenible de los recursos genéticos en la agricultura”.
Los objetivos generales de estas medidas son la restauración, preservación de la biodiversidad, la mejora de la gestión del agua y los fertilizantes, prevenir la erosión de los suelos, reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero, así como el fomento de la conservación y captura de carbono en los sectores agrícola y forestal. Los solicitantes de estas ayudas deberán mantener buenas prácticas medioambientales durante un periodo de cinco años.
Estas ayudas se convocan todos los años ya que, a partir de la consideración de su utilidad por su aportación a un mayor respeto al medio ambiente, se han hecho sucesivas prórrogas, las tres últimas correspondientes a 2020, 2021 y 2022. En esta campaña 2023, el Gobierno andaluz las ha convocado en el primer año de entrada en vigor del Plan Estratégico de la Política Agraria Común, que recoge todas las intervenciones o medidas a aplicar entre 2023 y 2027.
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