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Broncano
Medioambiente
El regadío intensivo y su falta de control hacen que la mitad de las masas de agua subterránea de la provincia de Córdoba, pertenecientes a las cuencas del Guadalquivir y del Guadiana, se encuentren en mal estado. Este es uno de los datos que se extrae del informe SOS Acuíferos que Greenpeace ha presentado este martes, una radiografía de las 804 masas de agua subterránea que tiene España y que "da buena cuenta del problema creciente de nuestras reservas de agua", precisa.
De los ocho acuíferos identificados en la provincia o con influencia en Córdoba, solo cuatro se encuentran en buen estado. El primero es el de Sierra Morena, con un índice de explotación de solo el 3% y buena situación cualitativa y cuantitativa. Pasa el examen igualmente el de Los Pedroches-Sierra de Andújar, que tiene también un índice de explotación del 3%. Ya en el Sur de Córdoba, los acuíferos de Cabra-Gaena y Rute-Horconera superan el test: presentan un índice de explotación inferior incluso a los del Norte de la provincia -solo el 2%- y también se encuentran en buena situación cualitativa, sin contaminantes destacados.
El estado de los cuatro restantes acuíferos es bien diferente, pues ninguno pasa los controles de Greenpeace. El que presenta peor situación es el identificado como altiplanos de Écija Oriental y que se extiende por buena parte de la campiña cordobesa, por los términos municipales de Santaella, La Carlota, La Victoria o Fuente Carreteros. Con un índice de explotación del 91%, se encuentra prácticamente agotado, a lo que se suma el mal estado químico por la presencia de nutrientes, sobre todo nitratos de abonos.
Greenpeace también suspende la situación de la masa de agua subterránea del curso medio del Guadalquivir: se encuentra en buena situación cuantitativa -el nivel de explotación es del 64%-, pero en mala situación cualitativa. La organización ecologista avisa de dos tipos de contaminantes: nutrientes, sobre todo nitratos de abonos, y plaguicidas.
El acuífero identificado como Puente Genil-La Rambla-Montilla tampoco supera los exámenes. Como el anterior, presenta buena situación cuantitativa, con un nivel de explotación del 40%, pero también como en el anterior se han detectado contaminantes por nitratos.
Perteneciente ya a la Cuenca Hidrográfica del Guadiana, el acuífero de Los Pedroches también suspende. Explotado al 87%, su índice cuantitativo es correcto, no así su nivel químico, que resulta preocupante por el alto nivel de nutrientes detectados. En este caso, el problema radica en los excrementos de animales, por encima del límite legal de 50 miligramos por litro de agua, debido a las numerosas granjas de vacuno y porcino que sustentan la economía de la zona.
Esta masa de agua subterránea es la única marcada en color negro en la provincia. ¿A qué se debe esto? La Directiva Marco del Agua de la Unión Europea exige que todas las masas estén en buen estado global antes del final de 2027, pero hay algunas que ya han pedido una prórroga, como es el caso de esta de Los Pedroches, lo que indica que su recuperación va para largo.
Para Greenpeace, la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir es el "reino del descontrol". Y es que a pesar de conocer el riesgo que se cierne sobre los acuíferos debido a la presión de las extracciones, solo hay 24 masas sin un solo punto de control de los niveles del agua (piezómetros) y en 16 de ellas solo hay uno. Hay casos "flagrantes" en los que los escasos puntos de control tampoco sirven de nada, pues "no están en el lugar adecuado" o "no miden la zona más vulnerable de la masa de agua".
A esto se une una "falta de control sobre las extracciones". "En primer lugar por la montaña de expedientes sin regularizar que se han acumulado durante años en la CHG", advierte el colectivo ecologista. Y es que -censuran- "en la demarcación se ha estirado hasta el infinito el argumento de la ida y vuelta de las competencias entre la Junta de Andalucía, que se las atribuyó en 2007 con efecto en 2009, y la vuelta a competencia de la CHG en 2011, tras una sentencia del Constitucional".
El resultado es que todos esos pozos sin regularizar pero que siguen sacando agua mientras se tramitan los expedientes "carecen de medición de las extracciones pero también ocurre con un buen número de los regularizados porque, a pesar de las exigencias de Europa desde el nacimiento de la Directiva Marco del Agua (2001), donde se recoge que se requiere un progreso continuado para ampliar el uso de los caudalímetros, con miras a garantizar que todas las captaciones se miden y se registran y que los permisos se adaptan a los recursos disponibles, esto está muy lejos de haberse generalizado", avisa Greenpeace.
Otro problema añadido es lo que se conoce como "los sietemiles". Se nombra así a los pozos abiertos al amparo de la Ley de Aguas como usos privativos, lo que permite llegar hasta 7.000 metros cúbicos al año sin necesidad de autorización, por lo que están "al margen del procedimiento concesional y de las limitaciones impuestas", una opción que además se ha encontrado con un gran aliado en los tribunales no solo de primera instancia.
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