El alcalde de Montalbán, condenado por acoso laboral a un funcionario

Campiña Sur

El juez considera probado un "ataque reiterado" al técnico de urbanismo tras las quejas de este por varias actuaciones

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Ayuntamiento de Montalbán.
Ayuntamiento de Montalbán. / El Día

Montalbán/El Juzgado de lo Social número 4 de Córdoba ha condenado al Ayuntamiento de Montalbán y a su alcalde, Miguel Ruz (IU), por acoso laboral al técnico municipal de Urbanismo, a quien tendrán que indemnizar con una cuantía de 12.558,6 euros. El trabajador, aún de baja por incapacidad, sufre diversas patologías derivadas del daño causado durante años, ha informado su defensa. El afectado es delegado sindical de CSIF.

Según la sentencia, a la que ha tenido acceso El Día de Córdoba, en este caso queda acreditado un "ataque reiterado a la integridad moral del trabajador, con sobrecarga de trabajo, traslado a un despacho pero al que había tenido durante casi 20 años, sin motivo alguno, veto de forma injustificada en la mesa de negociación y en la comisión de seguimiento del Catastro o no enviarle la información sindical que se difundía a otras centrales sindicales".

Para el juez, todas estas situaciones "se enmarcan en la reacción negativa que ha tenido el Consistorio contra el trabajador tras sus quejas sobre la llevanza de algunos asuntos relacionados con actuaciones urbanísticas".

Tirones de orejas de la Inspección de Trabajo y el Defensor del Pueblo

La defensa ha recordado que no es la primera vez que el Ayuntamiento que dirige Miguel Ruz es condenado por lesionar derechos fundamentales recogidos en la Constitución, ya que en el año 2019 el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sentenció que la Administración vulneraba el derecho a la libertad sindical, condenándolo por lesionar los derechos del sindicato CSIF.

Además, en el año 2019 la Inspección de Trabajo de Córdoba emitió un informe en el que señalaba que el Ayuntamiento de Montalbán incumplía la normativa de seguridad y salud, detectando riesgos muy graves, determinando que la conducta del Consistorio se tipificaba como “infracción muy grave en materia de prevención de riesgos laborales”.

Por último, en el año 2021 el Ayuntamiento fue reprobado por el Defensor del Pueblo Andaluz por no contestar a las solicitudes del delegado sindical, recordándole los deberes legales en este sentido.

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