La ampliación del centro de almacenamiento de residuos radiactivos de El Cabril costará 182 millones de euros

El proyecto de ampliación y el estudio de impacto ambiental del centro de almacenamiento de El Cabril, que supondrá la construcción de 27 nuevas celdas, ya puede ser consultado y alegado por los interesados. El Ministerio para la Transición Ecológica acaba de abrir el proceso de información pública para la Declaración de Impacto Ambiental de una actuación destinada a garantizar la acogida de los residuos radiactivos procedentes de la actividad de las centrales nucleares y del desmantelamiento de las mismas de aquí a 2035. El coste de ese plan, cuya primera fase debería estar culminada para 2028, será de 182 millones de euros.

El centro de El Cabril cuenta con 28 celdas para residuos de baja y media intensidad (RBMA), de las que a diciembre de 2021 ya se habían completado 22. Aparte hay una instalación complementaria para residuos de muy baja actividad (RBBA) que tiene en operación dos celdas y cuenta con capacidad para otras dos, espacio que se considera suficiente. En el caso de los RBMA se calcula que para 2028 harán falta nuevas celdas, de ahí la tramitación del proyecto de ampliación del almacenamiento, que requiere de la evaluación ambiental previa.

Según recoge el proyecto que sale ahora a información pública, la empresa pública Enresa, gestora de El Cabril, plantea la construcción de una nueva plataforma (Plataforma Sureste) para el almacenamiento definitivo de estos últimos residuos, con 27 celdas de almacenamiento dispuestas en 3 filas de 9 celdas cada una. La plataforma estará situada en el terreno conocido como Cerro de los Pavillos, al sur de la actual zona de módulos de almacenamiento temporal, en la parte sureste de la instalación. Tras analizar cinco posibles ubicaciones, se ha escogido esta zona por sus características favorables, “además de que garantiza la seguridad nuclear y la protección radiológica”. Se asegura así, destaca el estudio de impacto ambiental, que los residuos a almacenar queden fuera del alcance de posibles inundaciones (situación orográfica elevada) y especialmente de una posible inmersión en la capa freática (base de cimentación situada muy por encima del nivel freático), proporcionando “una garantía suplementaria”.

El proyecto se desarrollará en dos fases: en la primera se construirán 12 celdas y 15 en la segunda. El plazo de ejecución se estima en 42 meses, de abril de 2025 a octubre de 2028 para la primera fase, con un presupuesto de 142 millones que se eleva hasta 182 para la actuación completa. La segunda fase (o las fases en las que se construyan el resto de las celdas) tiene una duración prevista de dos años más.

El Ministerio también ha contemplado (y descartado) las denominadas alternativas 0 y 2. La primera de ellas, no ejecutar actuación alguna, no se considera viable dada la necesidad de ampliar la capacidad de almacenamiento para albergar los residuos “que se generarán en las próximas décadas en la operación y desmantelamiento” de las centrales nucleares en operación. En cuanto a la segunda opción, construir un nuevo depósito en otro punto, se descarta en el 7º Plan General de Residuos Radiactivos “por ser una opción inadecuada desde los puntos de vista ambiental, de gestión, y económico, al necesitar duplicar los sistemas de tratamiento y acondicionamiento, de almacenamiento temporal, de verificación de la calidad de los residuos y otros auxiliares, incrementando el impacto ambiental y duplicando los sistemas de vigilancia que requieren este tipo de instalaciones y los costes”. La vigilancia de la instalación es larga: 300 años de plazo, tiempo en el que se considera que las materias almacenadas pueden presentar un riesgo radiológico.

De hecho, la utilización de los suelos de la finca El Cabril para ejecutar esta nueva instalación es uno de los argumentos favorables que esgrimen los redactores del informe para justificar que las actuaciones a realizar “son asumibles ambientalmente, debido a que los riesgos del proyecto son muy bajos o bajos”. El estudio de impacto encargado por Enresa también señala que, una vez aplicadas las medidas preventivas y correctoras propuestas, la magnitud de los impactos identificados es “no significativa o compatible”. En este sentido, resalta que las obras se realizarán “fuera de espacios protegidos” y que “no afectan a los valores por los que se protegieron los espacios Red Natura 2000 y de protección autonómica que rodean a la finca”.