Un grupo de bodegas de la DO Montilla-Moriles eleva a tres los recursos contra el Consejo Regulador

Córdoba/Tres recursos presentados ante la Consejería de Agricultura cuestionan el funcionamiento y la renovación del Consejo Regular de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles y exigen a la Junta de Andalucía que intervenga. El último movimiento de las siete bodegas y lagares cordobesas disconformes ha sido la presentación de un tercer recurso de reposición en el que instan a la Administración autonómica a que anule los nombramientos resultantes de las últimas elecciones, como ha confirmado a El Día de Córdoba el portavoz de este colectivo, Cristóbal Luque.

El nuevo pleno se constituyó el pasado 30 de octubre, presidido por el delegado de Agricultura de la Junta, Francisco Acosta. Sin que hubiera votaciones después de que los distintos sectores alcanzaran un acuerdo para presentar candidaturas únicas, Javier Martín fue reelegido presidente, mientras que Manuel Alférez, de La Unión, titular del censo de viticultores cooperativistas, fue designado vicepresidente. También se proclamaron los vocales titulares y suplentes para los próximos cuatro años.

Las siete bodegas y lagares que firman los recursos son Casablanca, Robles, Doblas, Los Frailes, Los Raigones, La Primilla y San Pablo, consideradas pequeñas por la Junta de Andalucía. Plantean que la normativa que rige el Consejo Regulador está "viciada" por un "defecto de fondo" que hace "imposible" que prospere una candidatura alternativa por la representatividad que el voto ponderado da a las grandes bodegas comercializadoras.

"Graves irregularidades en las elecciones"

Este recurso de reposición llega después de que, a principios de diciembre, el mismo grupo presentara también ante la Junta un recurso de alzada contra el proceso de renovación. Incidieron entonces en que se cometieron “graves irregularidades” que, a su juicio, “vulneran la legalidad del proceso”. El grupo denunció “incumplimientos” en los plazos establecidos para renovar el Consejo Regulador, además de “falta de transparencia” en los censos electorales y “deficiencias” en la constitución del pleno, entre otros motivos porque el acta de constitución del pleno carecería de "detalles esenciales, como el sentido de los votos y el número de votantes”.

Entre los puntos más controvertidos destacaron la “modificación de las fechas de referencia para los electores”, unida a la “ausencia de una separación adecuada de censos” y la “falta de garantías en las votaciones”.

"Las irregularidades detectadas no son simples fallos administrativos, ya que comprometen los principios democráticos y la representatividad de los sectores implicados", incidió entonces el portavoz del colectivo, quien lamentó que la Consejería de Agricultura “no solo no haya cumplido con su obligación” de supervisar adecuadamente el proceso sino que, además, “haya hecho oídos sordos a las reclamaciones” planteadas en los últimos meses para “devolver la justicia y la equidad al organismo".

Contra la subida de tasas y derramas

El tercer recurso, presentado en verano pero aún pendiente de respuesta de la Junta de Andalucía, cuestiona la subida de las tasas y derramas aprobadas por el Consejo Regulador el pasado julio, una decisión adoptada para "acabar con la quiebra técnica" de la institución, como se ha quejado el grupo de bodegas y lagares.

Precisamente, la DO Montilla Moriles optó en 2024 por cancelar la Cata del Vino de Córdoba, antesala del Mayo Festivo, entre otros motivos, por los problemas económicos acumulados y los problemas financieros para afrontar esta cita, clave para la promoción y la subsistencia de los productores más pequeños. Aunque se habló de organizar una cata con un formato diferente en otoño, tampoco se materializó, y todavía hay dudas de que pueda celebrarse en primavera debido a la situación de incertidumbre y al malestar que existe en el seno de la DO.

Petición de sanciones

Las siete bodegas y lagares de Montilla-Moriles que suscriben los recursos lamentan la “omisión de la supervisión” por parte de la Consejería de Agricultura que, a juicio de los denunciantes, “no ha sabido o no ha querido tutelar adecuadamente el proceso, permitiendo irregularidades graves”.

Por todo ello, están pendientes de que la Junta de Andalucía tome una decisión sobre las solicitudes de nulidad de las elecciones y de los nombramientos, la suspensión de los acuerdos adoptados por el pleno del pasado 30 de octubre, así como la suspensión de la actividad del Consejo Regulador y la imposición de sanciones administrativas por la comisión de “infracciones graves”.