Las intrigas de la Fundación Botí

Puerto del Calatraveño

El cese del gerente de la institución cultural vinculada a la Diputación de Córdoba abre una de las crisis más graves del mandato en la corporación, aún necesitada de respuestas

La diputada Marisa Ruz, durante su comparecencia del viernes. / Jordi Vidal

Hay políticos, artistas, herederos, habladurías, deslealtades, traiciones, anónimos, gargantas profundas y dinero. El cese por sorpresa del gerente de la Fundación Rafael Botí, dependiente de la Diputación, el pasado lunes lo tiene todo para convertirse en el entretenimiento de apertura de la primavera cordobesa antes de que la avalancha de romerías y fiestas nos haga pensar en otras cosas. Comidilla de las tabernas por donde deambulan artistas y políticos, de las tertulias donde coinciden los creadores y el poder fáctico, la intelligentsia cordobesa anda estos días revolviéndose sin saber muy bien qué y cómo se ha llegado a esta situación de descabezamiento palaciego.

Así, casi como si de una perfomance entre sombras se tratara o de un travelling a cámara lenta con inicio y final en lugares oscuros y umbríos, se ha llegado a la resolución del contrato de Juan Antonio Bernier como gerente de la institución, una decisión que requiere de una explicación clara y sin medias tintas que ha tardado en llegar por parte de la diputada provincial de Cultura y presidenta de la fundación, Marisa Ruz (IU).

Los teléfonos de las redacciones empezaron a sonar en la misma tarde del lunes para advertir de la celebración de un Consejo Rector en el que, sorpresa, se había decidido dar por terminado el periodo de gerencia de Bernier, un poeta, al frente de una fundación que debe velar por el desarrollo y la divulgación de las artes plásticas en la provincia y que lleva el nombre de un pintor que ejemplifica por sí solo el arte de todo el siglo XX en Córdoba. Ruz optó por dar la callada por respuesta ese día, pero ese silencio sólo sirvió para que aumentaran las intrigas.

Ya el martes, durante una comparecencia en el palacio de la Merced para presentar el proyecto Mujeres en acción, la diputada provincial no tuvo más remedio que abordar el asunto. La resolución del contrato de alta dirección “no ha sido una decisión fácil” a estas alturas del ciclo electoral y político, vino a decir, pero se ha tomado “en aras de mejorar el control y el funcionamiento de la fundación”. El motivo del cese: que la gerencia de la Botí precisa de “un perfil más técnico”, pues “con la nueva Ley de Contratos del Sector Público ha aumentado la complejidad de los procedimientos administrativos y de gestión fiscal en todas las administraciones”.

La explicación fue poco convincente y provocó un efecto bola de nieve de difícil gestión. Siguieron las llamadas a las redacciones, las conversaciones desenfrenadas por wasap, las tertulias en claroscuro. Y un volumen de reacciones imposibles de acallar. Las más llamativas, desde el seno de la fundación, con la dimisión de uno de los miembros de su consejo rector y de cinco integrantes de su comité asesor al no compartir las formas en las que se gestó la resolución del contrato. Ha habido una “ausencia total de comunicación con los miembros de la comisión técnica a los que por deferencia, y aunque no fuera preceptivo, se debería haber hecho partícipes, dada la gravedad y trascendencia de la decisión tomada”, se quejaron en un comunicado.

Conforme pasaron las horas, la Unión de Artistas Visuales de Andalucía (UAVA) llegó a pedir la salida de la propia Ruz de la presidencia de la fundación. “La continua toma de decisiones de contenido artístico, arbitrarias y ejercidas desde el dirigismo más presidencialista y sin contar con los órganos de la institución ha provocado las denuncias de los profesionales que han tenido que colaborar con la Fundación Rafael Botí durante este tiempo”, denunciaron el miércoles para atizar las llamas.

Ya el viernes, tras cinco días de polémica, Ruz optó por ofrecer al pormenor los motivos del cese. Habría “hechos, y no opiniones personales”, que supondrían un “acto de deslealtad, además de un daño y perjuicio enorme para la fundación”. Así, a grandes rasgos, existirían “operaciones que no habían sido comunicadas”, ocultando en concreto contrataciones que se habrían realizado sin la autorización de la presidencia, como habría ocurrido con el expediente de Flora 2018, según Ruz. Bernier lamentó este “relato sesgado e interesado, magnificado y simplificado”, según el “interés” de la diputada sobre asuntos “de los que, por naturaleza, es la principal responsable”. El exgerente habló de “intrigantes circunstancias” y apuntó a los tribunales donde, seguro, se vivirán los siguientes capítulos.

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