La Diputación acoge unas jornadas sobre la nueva legislación civil en materia de apoyo a las personas con discapacidad

El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, acogerá el próximo jueves 11 de noviembre unas jornadas del Foro Andaluz de Bienestar Mental, bajo el título La nueva legislación civil en materia de apoyo a las personas con discapacidad, iniciativa que cuenta con el apoyo del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS).

Para su responsable, Francisco Ángel Sánchez, “esta iniciativa reunirá a expertos en Derecho y discapacidad para abordar, desde una perspectiva jurídica y social, así como los nuevos retos que se ciernen con la entrada en vigor de la nueva Ley sobre un colectivo tradicionalmente desfavorecido, contando para ello con el testimonio de personas afectadas y familiares”.

Sánchez ha destacado que “la celebración de esta propuesta se realiza en un momento en el que esta temática está ganando espacio en el debate público, con una propuesta de una Ley General de Salud Mental y la reciente entrada en vigor de la Ley por la que se reforma la legislación civil para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica”.

“Por todo ello, este espacio de debate se presenta como una oportunidad clave para profundizar, a través de las ponencias de los profesionales y el debate con los protagonistas, en una cuestión tan importante como la capacidad jurídica de las personas que debe involucrarnos a todos y todas”, ha apuntado Sánchez.

En cuanto al programa de intervenciones de este encuentro, se contemplan ponencias de la Fiscal de la Sala Coordinadora para la Protección de Personas con Discapacidad y Mayores del Tribunal Supremo y ex Fiscal General del Estado, María José Segarra; del notario y director de la Sección Social y Económica de la Fundación Aequitas, Federico Cabello de Alba, además de testimonios personales.

Las distintas ponencias estarán moderadas por Fernando Santos, Fiscal de la Audiencia Provincial de Córdoba y Fiscal Delegado para Andalucía de la Fiscalía General del Estado para la Protección de Personas con Discapacidad y Mayores, y por el presidente de la Fundación Prode, Blas García.