Dulce Aguilera, la abogada cordobesa que lucha contra el maltrato animal: “Faltan condenas ejemplares”

Córdoba/La letrada cordobesa Dulce Aguilera fundó en 2021 el despacho Justicia Animal y Medio Ambiente, especializado en la lucha contra el maltrato animal. Desde entonces, ha logrado decenas de sentencias condenatorias en juzgados de toda España, lo que la ha convertido en una verdadera referencia en una materia en la que es pionera.

Pregunta.¿Cómo decide especializarse en estos asuntos?

Respuesta.Siempre he sentido una gran empatía hacia los animales, son mi vida, y he sido voluntaria en varias protectoras. Me duele muchísimo ver la desprotección a la que están sometidos muchas veces y, sobre todo, el maltrato que sufren en ocasiones, así que en el año 2016 aproximadamente empecé este camino en los juzgados, porque me dije que mi labor en defensa de los animales tenía que ir mucho más allá de lo que puede hacer un voluntario, limpiando cheniles y alimentándolos. Y, sin pretenderlo, me he convertido en una referencia en Andalucía.

P.¿Tiene mascotas?

R.Claro, a día de hoy tengo dos perros y cuatro gatos, dos de ellos en acogida.

P.¿Qué le dijeron los colegas de profesión cuando empezó a llevar este tipo de casos?

R.Que esto no deja dinero, y es cierto. Por eso, en mi despacho llevo también otros tipos de asuntos que me sustentan económicamente sobre derechos civiles, contenciosos administrativos o derechos de agua. En el ámbito de la justicia animal o crees en lo que estás haciendo y luchas por ello o te vas corriendo. Porque enfrentarte continuamente a historias de maltrato, en ocasiones de mucha crueldad, te daña psicológicamente. Tienes que ser fuerte y tomar un poco de distancia respecto a lo que tienes encima de la mesa.

P.¿Hubo algún caso concreto que le removiera para dar el paso de tomar esta vía de trabajo?

R.Sí, hubo un caso en Cabra que me afectó muchísimo y que terminó en una sentencia pionera a nivel nacional, que se conoció como la finca de los horrores. En colaboración con la Policía Local y el Seprona, Galgos del Sur logró un decomiso de 27 perros que sobrevivían en una situación pésima. Conseguimos una sentencia pionera de 18 meses de prisión, que es lo máximo posible, y cuatro años de inhabilitación para el ejercicio de profesión u oficio de comercio que tenga relación con animales y para su tenencia. También logramos casi 4.000 euros en concepto de responsabilidad civil para la protectora, de la que soy abogada, y 3.000 euros de indemnización por daños morales, lo que supuso algo completamente novedoso.

P.¿Qué ha implicado la reforma del Código Penal para los casos de maltrato animal?

R.Los propios partidos políticos han difundido muchos bulos sobre la reforma del Código Penal, que en la práctica no está suponiendo un endurecimiento de las condenas. Porque, aunque efectivamente eleva las penas por el fallecimiento del animal de 18 a 24 meses, sabemos que en ningún momento se va a producir la entrada en prisión, así que la posibilidad disuasoria no existe. Y lo más perjudicial es que, en caso de que existan lesiones, el propio Código Penal actual requiere que exista un tratamiento veterinario para que haya una condena, lo que no estaba establecido en la anterior normativa. Esto es un hándicap importante, pues el pleito se puede resolver con un mes de multa a razón de 6 euros diarios, y eso es una condena completamente irrisoria que gran parte de la sociedad no entiende.

P.También ha habido quejas por la dispensa que supone contar con una autorización administrativa...

R.Sí, el Código Penal actual ha incluido las actividades reguladas, es decir, aquellas que cuentan con autorización administrativa, y todas ellas salen del maltrato animal. Esto puede tener unas consecuencias muy peligrosas, pues se pueden amparar ciertos tipos de captura y abatimiento que no deberían admitirse.

P.¿Y algún aspecto para lo que este cambio normativo haya sido positivo?

R.Sinceramente, no veo positivo ningún aspecto de la reforma del Código Penal ni de la Ley de Protección Animal Nacional, pues deja abiertos unos flecos muy peligrosos, como el hecho de que los perros que más protección necesitan, que son los utilizados para la caza, han quedado fuera. No solo eso, se consideran animales de trabajo y son utilizados como meros instrumentos. Una consecuencia es que en Extremadura, por ejemplo, se ha autorizado el enterramiento masivo de los perros utilizados para la caza en cal viva en cualquier sitio, sin tener en cuenta el impacto sobre el medioambiente o sobre la salud pública. Así que estas reformas, lejos de suponer un avance, implican gran retroceso.

P.¿Qué consideraría imprescindible desde el punto de vista normativo?

R.Lo principal sería una reforma del Código Penal con la que el legislador responda a las demandas de los tiempos que corren. Faltan condenas ejemplares y que tengan un efecto disuasorio real, porque la sociedad actual las demanda. Los agresores deberían entrar en prisión, aunque fuese por poco tiempo.

P.Ha hablado del legislador, pero ¿jueces y fiscales se toman estos casos en serio?

R.Ni mucho menos. Los delitos de maltrato animal son abordados como asuntos de tercera categoría, y como letrados también se nos trata de esta manera. La realidad es que sacar adelante un procedimiento penal sobre esta materia es muy complejo. A veces los jueces dictan autos de archivo sin haber autorizado diligencias de investigación ni interrogatorios, y con frecuencia hay que presentar recursos.

P.¿En qué proporción las sentencias son condenatorias?

R.Cuando el caso llega a juicio, en el 98% de los casos las sentencias son condenatorias, pues ocurre que los acusados se sientan en el banquillo solo cuando las evidencias son muy claras.

P.¿Qué tipos de maltrato animal son los más frecuentes?

R.La gran mayoría de asuntos están relacionados con el trato que se le da a los perros utilizados para la caza y para la guarda y control del ganado, que precisamente son los que no cuentan con el amparo de la Ley de Protección Animal.

P.¿Falta concienciación?

R.Muchísima. Todavía nos llegan infinidad de casos de abandono y de maltrato, rescatamos rehalas de animales en condiciones dantescas. El problema es tal que en ocasiones hemos descubierto a veterinarios implicados en delitos de falsedad documental, porque participan en distintos enjuagues. Hay varias diligencias abiertas contra colegiados, pero los jueces no terminan de tomarse estos asuntos en serio y las instrucciones duran años, hay algunas que se arrastran desde 2022.

P.¿Encuentra diferencias entre el trato que se le da a los animales entre el mundo rural y la ciudad?

R.No se puede generalizar, pero es verdad que en determinados sectores del mundo rural perduran ciertas convicciones, y eso de considerar a un animal como un ser sintiente no se entiende. Los perros siguen siendo cosas que están en mitad del campo o en una caseta llueva, escampe o haga el tiempo que haga. O amarrados a un olivo durante días.

P.En algunos municipios están proliferando núcleos zoológicos gestionados por los propios ayuntamientos para las realas de caza, ¿qué opinión le merecen este tipo de instalaciones?

R.Entiendo que están construidos conforme a la normativa, aunque desde luego no los comparto. Desde mi punto de vista, cazar con perros no es necesario, así que partiendo de esa base esos centros no deberían de existir. A los animales que son albergados, cuando dejan de ser rentables, se les da muerte y se sustituye. De hecho, sigue habiendo una cría masiva de perros utilizados para la caza y hay un mercado negro impresionante porque la media de vida de esos animales no supera los cinco años. En muchos países de Europa hay caza pero no se permite el uso de perros, pero en España es un negocio que mueve muchísimo dinero. Cuando se abre este debate, los gobiernos siempre lo zanjan diciendo que hay muchos pueblos que viven de la caza y eso es completamente mentira. El mundo rural vive del sector primario, es decir, de la agricultura y la ganadería.

P.¿Alguna vez ha denunciado algún hecho relacionado con la tauromaquia?.

R.Sí, llevé un caso en un municipio de Guadalajara donde se produjo la muerte de un becerro por parte de una escuela taurina. Y precisamente porque se trataba de una actividad autorizada el asunto no prosperó en los juzgados.