El juez impone 830.000 euros de fianza al exgerente del Consorcio de Bomberos

El Juzgado de Instrucción Número 2 de Córdoba ha impuesto una fianza de 830.000 euros al que fuera gerente del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios de Córdoba -dependiente mayoritariamente de la Diputación-, Antonio Navarrete, por su posible responsabilidad civil en la causa que está llevando el titular de este juzgado por los supuestos delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos. El auto de su señoría, al que ha tenido acceso El Día, precisa que Navarrete se negó a declarar como imputado.

Además, cita expresamente que las denuncias, aparte de proceder de una Administración pública, "lo que en gran medida aleja cualquier sospecha de mendacidad, están apoyadas en una serie de documentos que ponen de manifiesto de la existencia de un volumen inmenso de transferencias a cargo del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios de Córdoba, que han repercutido directamente en la cuenta corriente del imputado", en este caso el exgerente del consorcio.

El montante al que hace referencia el juez en su auto suma una cantidad total de 626.000 euros, superior a lo que los actuales responsables del Consorcio señalaron como que se había transferido a cuentas privadas y que era de unos 546.000 euros. La resolución judicial hace referencia, entre otras, a nueve transferencias por valor de 76.000 euros en las cuentas de Navarrete, 31.000 como anticipos reintegrables que nunca devolvió a la empresa de bomberos, 56.800 en concepto de adelantos de nóminas o 287.466 euros mediante duplicación de pago a proveedores. Además, se cifra en 127.860 euros la cantidad cobrada entre 2001 y 2006 como horas extraordinarias, pese a tratarse de un cargo de alta dirección.

A todo ello se une que el juez, en uno de los párrafos incluso señala el "apoderamiento patrimonial que ha guiado el comportamiento del exgerente del Consorcio". Así, el titular del Juzgado Número 2 considera justa esa fianza de 830.000 euros para Antonio Navarrete, "bajo el apercibimiento de proceder al embargo de sus bienes si no la prestare en el término indicado" desde que recibiera esa resolución.

Las mismas fuentes han señalado que el exgerente ya ha recurrido esta decisión del juez, con el argumento de que la fianza exigida "supera con creces la supuesta cuantía malversada". La defensa de Navarrete reclama en su recurso que el juez "minore" la fianza impuesta y que en caso de que se rechace su petición, el propio titular eleve el escrito a la Audiencia como apelación.

Este no es el único frente judicial en el que ha tenido que responder el exgerente, ya que también fue llamado a declarar como imputado por un Juzgado de Posadas por presuntas irregularidades en las obras de construcción del parque de bomberos de La Carlota. Por esta causa ya habló también ante el juez el exvicepresidente de la Diputación y presidente del Consorcio de Bomberos, el socialista Fernando Expósito, quien indicó que nadie le advirtió de esas irregularidades ni en la adjudicación de las obras ni en la solicitud de una póliza de crédito con la que hacer frente a los pagos que tenía pendiente la empresa provincial.

Durante la gestión de Navarrete en el consorcio, se creó un agujero de casi 15 millones de euros por impagos a la Seguridad Social de la cuota de los trabajadores o el no abono del IRPF de los empleados de la empresa a Hacienda, lo que ha obligado a los nuevos gestores de la empresa a poner en marcha un plan de viabilidad para salvar la entidad y garantizar el servicio con los 200 trabajadores que en la actualidad tiene el consorcio.

Por el momento, la solución adoptada ha sido la de aumentar la cuota que pagan los ayuntamientos y el sistema de abono, de manera que la sociedad pública tengan liquidez durante el ejercicio. Además, el control financiero y jurídico del consorcio se realiza ahora desde la Diputación, una vez que así lo ha autorizado la Junta de Andalucía. Estas decisiones de la asamblea han evitado el cierre de parques comarcales en la provincia.