La lacra sin freno de la siniestralidad laboral

La semana que se cierra ha sido especialmente trágica en el trabajo: dos personas fallecidas con apenas horas de diferencia, ambas en la localidad de Puente Genil, han vuelto a poner de manifiesto que todavía queda mucho por hacer para frenar la siniestralidad en el tajo. Al tiempo que el mercado laboral se repone y surgen nuevas oportunidades, sube la accidentalidad. La estadística lo señala desde hace un par de años en el conjunto del país y la provincia de Córdoba no es una excepción, ya que hasta un 5% más de siniestros se registraron en la primera mitad del año respecto al mismo periodo de 2016.

Lo que ocurrió el martes en Puente Genil es paradigmático de esta situación. A las 16:50 fallecía un pintor de 49 años tras recibir una descarga eléctrica y precipitarse al suelo desde una altura de cinco metros. Rápidamente, se desplazaban hasta el lugar de los hechos equipos del servicio de emergencias sanitarias, quienes desafortunadamente no pudieron hacer nada por reanimar al hombre. También acudieron a la zona efectivos de la Guardia Civil, que procedieron a abrir una investigación sobre las causas del suceso. Demasiado tarde. Por desgracia, apenas una hora antes se había tenido conocimiento del fallecimiento de otro varón en una finca de El Remolino. El hombre trabajaba en su parcela con un tractor cuando le sobrevino la muerte en circunstancias que no han trascendido pero que, posteriormente, los sindicatos han identificado como un accidente laboral.

La agricultura y la construcción y sus industrias auxiliares; las dos caras de esa moneda que es la siniestralidad laboral y que desde principios de año ha segado la vida de diez personas, frente a las cuatro que murieron a lo largo de todo el ejercicio anterior. El repunte es, cuanto menos, inquietante y debería servir para abrir un debate profundo no sólo sobre las medidas que están poniendo en marcha las administraciones públicas con competencia en la materia para frenar esta lacra, que parecen insuficientes a la vista de la estadística, sino también para reflexionar sobre la calidad de los contratos que se firman y sobre la situación de precariedad y la falta de formación que soportan quienes acceden al mercado laboral, en ocasiones en condiciones indignas, como denuncian los sindicatos.

El secretario provincial de Salud Laboral de CCOO, Manuel Torres, señalaba esta semana que las muertes de Puente Genil "vuelven a poner de manifiesto la importancia de la prevención de riesgos laborales" y, por ello, criticó el "drástico recorte" de las administraciones en inversiones relacionadas con la prevención. CCOO también advirtió de la "irresponsabilidad" del empresariado, pues "tiene el mandato legal de velar por la seguridad y salud de sus empleados y proporcionarles para ello la formación y los medios materiales necesarios". Su homólogo en UGT, Jaime Sarmiento, incidía en los mismos asuntos. Recordó la importancia de la prevención de la seguridad en el trabajo, para lo que la formación e información -dijo- resultan claves. Y propuso que la siguiente reunión de la Comisión Provincial de Riesgos Laborales se lleve a cabo en Lucena con la finalidad de estar más próxima a poblaciones como Puente Genil y Montilla, tres municipios donde más accidentes laborales se producen en el sector agrícola.

La situación no es casual. El campo, relegado como segunda opción laboral durante los años del boom económico, ha empezado a acoger en los últimos tiempos a desempleados de otros sectores sin cualificación y dispuestos a asumir tareas para las que carecen de formación específica, con el riesgo que ello conlleva para la prevención. La estadística de los sindicatos advierte, además, que el 78% de los accidentes afectan a trabajadores que llevan menos de tres años de contrato. De nuevo, las causas se repiten: falta de cualificación, formación escasa y pobres condiciones para desempeñar la labor.

Los lamentos sirven para poco en todos estos casos, y las concentraciones que desarrollan los sindicatos mayoritarios en la plaza de la Constitución, ante la Subdelegación del Gobierno, cada vez que fallece un trabajador son llamadas de atención al resto de agentes implicados en el problema que deben ser escuchadas sin demora. La Inspección de Trabajo, dependiente del Ministerio de Trabajo, ha de actuar con rigor, para lo que es fundamental que la plantilla de funcionarios destinados en la provincia cuente con el personal necesario. Aunque no es la única medida. La prevención de riesgos, relegada a un segundo plano como efecto colateral de la crisis económica que tanto ha degradado la calidad de los trabajos, tiene que tomarse en serio por parte de las administraciones públicas y la patronal. Y el Ministerio Fiscal y la Justicia, por último, deben aplicar con rigor la Ley contra los responsables penales de los accidentes cuando los hubiera. Mientras tanto, apenas queda el lamento. Y son ya diez los nombres propios perdidos, las diez historias personales truncadas, diez los proyectos vitales interrumpidos para siempre.