El juez deja en libertad a Luisa Ruiz imputada por tres delitos

El Juzgado de Instrucción número 2 de Peñarroya-Pueblonuevo dejó ayer en libertad a la exalcaldesa peñarriblense, Luisa Ruiz (PSOE), y a los dos empresarios detenidos en el marco de la operación Rocket que investiga supuestas irregularidades en subvenciones al desarrollo en el municipio entre 2007 y 2011. Ruiz, que quedó libre pasadas las 21:00, dijo a El Día que se encuentra "bien" y "tranquila" por haber podido "aclarar" lo ocurrido. Defendió, además, que quedó libre "sin cargos", pese a que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) informó de que está imputada por supuestos delitos contra la Administración Pública, fraude y falsedad documental, al igual que los dos empresarios arrestados. Fuentes del alto tribunal concretaron que, tras tomarle declaración, la autoridad judicial optó por poner en libertad a Ruiz, a la que no impuso fianza alguna ni medidas cautelares. La exregidora dijo que su situación procesal es igual a la del resto de imputados en la causa, que rondan la decena.

Los otros dos arrestados el martes -el presidente del Centro de Estudios Históricos del Ferrocarril y el consejero delegado de la Compañía General de Ferrocarriles Turísticos- también quedaron en libertad con las mismas imputaciones, informó el TSJA. Ambos tendrán que comparecer los días 1 y 15 de cada mes ante el juzgado como medida cautelar. La investigación arrancó ante la sospecha de irregularidades en la concesión de ayudas a los proyectos del Tren Turístico del Guadiato y del Museo del Ferrocarril.

La jornada empezó temprano en las dependencias del acuartelamiento de La Victoria, en Córdoba capital, donde la exalcaldesa fue interrogada por los agentes del Grupo de Delitos contra la Administración de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Pese a que el subdelegado del Gobierno, Juan José Primo Jurado, dijo el miércoles que la exregidora había declarado aquel día por la mañana, no fue hasta ayer cuando los agentes la interrogaron, informaron fuentes próximas al caso. Luisa Ruiz se negó a hablar ante los uniformados.

Pasadas las 13:00, la portavoz del grupo municipal socialista y los otros dos arrestados fueron trasladados en dos furgones hasta Peñarroya-Pueblonuevo. Agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil cortaron la avenida República Argentina de Córdoba capital para facilitar el traslado. Los vehículos policiales recorrieron varias avenidas del centro de la ciudad con las sirenas y las luces encendidas.

En la puerta lateral del acuartelamiento de La Victoria aguardaban amigos y familiares de Luisa Ruiz, entre ellos su marido, Amado Gallardo, que lanzaron gritos de apoyo a la salida de los coches. Una vez en el municipio del Guadiato, los agentes introdujeron a los dos promotores del Tren Turístico en el interior de las dependencias policiales en un furgón, pero Luisa Ruiz fue sacada del vehículo en plena calle y, esposada, entró a los juzgados. Los interrogatorios se prolongaron hasta pasadas las 20:00, cuando el juez tomó la decisión de dejar en libertad a los tres detenidos, que fueron arrestados el martes por la mañana y han pasado dos noches incomunicados. El caso continúa bajo secreto de sumario, informó el TSJA.

Más de un centenar de personas aguardaba ayer por la noche la salida de la exalcaldesa de las dependencias judiciales. Pasadas las 21:00, la Policía Local cortó la calle y Luisa Ruiz abandonó el juzgado por la puerta principal, con gesto cansado pero con entereza. La aguardaba su marido, Amado Gallardo, a quien abrazó antes de partir en el coche. Un centenar de personas se aproximó al lugar para aplaudirla y vitorearla. Hubo cargos públicos socialistas de toda la comarca del Guadiato, entre ellos los alcaldes de Villanueva del Rey, Pedro Barba; el de Villaharta, Alfonso Expósito; el primer edil de Los Blázquez, Francisco Ángel Martín, y el de La Granjuela, Maximiano Izquierdo. En la puerta, también la respaldaron concejales socialistas de Belmez. Más tarde, acudió a la sede de los socialistas de Peñarroya, donde la arroparon decenas de militantes.

La operación policial se desarrolló el martes de forma simultánea en Córdoba, Barcelona, Lérida, Valencia y León -lugares donde se gestaron en alguna medida los proyectos frustrados del Tren Turístico del Guadiato y del Museo del Ferrocarril- y culminó con la detención de las tres personas. En el marco de la misma operación y por los mismos hechos, han resultado imputadas otras diez personas -siete en Córdoba- también por presuntos delitos contra la Hacienda Pública, prevaricación administrativa y falsedad en documento público.

Entre los imputados en Peñarroya-Pueblonuevo hay técnicos municipales y funcionarios, entre ellos la exinterventora y la exsecretaria entre 2007 y 2011, periodo que se investiga. Según la información del propio Ministerio del Interior, la operación es fruto de una investigación desarrollada a raíz de una denuncia del actual gobierno municipal de Peñarroya, del PP, para "esclarecer el destino final de subvenciones europeas, nacionales y atuonómicas, otorgadas para el desarrollo económico de las antiguas zonas mineras del carbón, así como irregularidades que también afectarían a los posteriores procesos de contratación pública que se articulaban para hacer efectivas las distintas actuaciones subvencionadas".

A mediados de 2008, se presentó el proyecto del tren turístico del Guadiato, una iniciativa que se esperaba entrase en funcionamiento en 2011. La alcaldesa, María Gil (PP), ya dijo el martes que las supuestas irregularidades se detectaron en una subvención de 1,8 millones de euros de los fondos Miner para el tren y en otra de 500.000 euros del Grupo de Desarrollo Rural (GDR) para el Museo del Ferrocarril.

La familia de la exalcaldesa de Peñarroya-Pueblonuevo asumió el miércoles que pudo haber un "error administrativo" o "de interpretación" que desembocó en la operación judicial que el martes cristalizó con los arrestos, pero defendió que la exregidora nunca se lucró ni actuó en beneficio propio. "Nuestras cuentas están muy claras. Todo lo tenemos declarado, no ocultamos nada", defendió el marido de Ruiz, Amado Gallardo, que el martes por la mañana compartió con ella los "durísimos" momentos de su arresto. Dijo, además, que "entra en cualquier planteamiento pensar que se trate de una represalia" hacia la socialista.