Malestar tras archivar un juez la causa contra dos acusados de matar a un perro y tirarlo al río en Córdoba

Córdoba/Lo encontraron a orillas del Guadalquivir, envuelto en una manta y malherido. El 16 de febrero de 2021, unos pescadores que pasaban la tarde en Palma del Río hallaron a un perro de raza pitbull con un hilo de vida junto al cauce, tras lo cual dieron aviso a la Policía Local y estos, al servicio veterinario. El animal, rescatado con hipotermia y "muy maltratado", fue trasladado a una clínica, donde fue sometido a un examen para valorar los daños que presentaba.

Allí se confirmó lo que parecía evidente. El animal había sido maltratado y terminó muriendo. Tenía el cráneo machacado, así como varias costillas, lo que llevó a la Asociación Protectora Animal de Palma del Río a concluir que habían intentado matarlo a hachazos, sin lograrlo, antes de abandonarlo moribundo junto al Guadalquivir.

Cuatro años más tarde, el Juzgado de Instrucción número 3 de Posadas, que abrió una investigación para determinar la posible responsabilidad penal de los propietarios del animal, ambos imputados, ha dictado un auto de sobreseimiento provisional que ha causado malestar tanto en la Fiscalía como en la acusación particular que ejerce la abogada Dulce Aguilera en nombre de la protectora de animales; ambas partes han presentado recursos.

Una instrucción al ralentí

Y es que, tal y como expone el Ministerio Público en el escrito presentado, pese al tiempo transcurrido no se habrían practicado "las diligencias mínimas indispensables" para el esclarecimiento de los hechos. La letrada, por su parte, ha manifestado que este tipo de decisiones son habituales en presuntos episodios de maltrato animal, que suelen quedar relegados en los tribunales.

En su momento, el caso del pitbull encontrado moribundo en Palma del Río causó revuelo en las redes sociales y en entornos animalistas, que lo denunciaron ante la Guardia Civil y lograron que se judicializara, con la imputación de dos personas, aunque la instrucción ha ido al ralentí desde el principio. La providencia de admisión de la personación fue recurrida por uno de los investigados, y fue la Audiencia Provincial la que aceptó finalmente que la Asociación Protectora estuviera presente en el procedimiento.

A esto se une que en junio de 2021 la letrada solicitó una serie de diligencias probatorias, entre ellas la declaración de los agentes intervinientes, veterinarios y testigos. Sin embargo, la resolución sobre la admisión de esta prueba no se realizó hasta el dictado de una providencia, tres años más tarde, en la que el juez concluía su inadmisión al entender concluida la instrucción sin acordar su prórroga. Posteriormente, el juzgado ha acordado el sobreseimiento provisional.

La resolución concluye que, pese a que los hechos "pueden ser constitutivos de delito", las diligencias practicadas "no permiten conocer quién o quiénes hayan podido ser autores o autoras", pues "no existe una evidencia clara de quién fue la persona que maltrató al animal". Y es que, pese a que se haya podido identificar a sus dueños, estos manifestaron que "el perro se les escapó". Tampoco "existen testigos directos de la agresión ni grabaciones u otras evidencias sobre la persona que cometió los actos".

Para la Fiscalía, los argumentos del juez "son valoraciones que no le competen al órgano instructor", al que conmina a "agotar con carácter previo la fase de investigación al existir indicios relativos al ilícito y estar determinados los presuntos autores". Y es que, como advierte el Ministerio Público, en este caso no se habrían practicado las "diligencias mínimas indispensables".