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Llevar las cuentas de un Ayuntamiento no es una cuestión fácil. La prueba es que un conjunto de 17 ayuntamientos de la provincia de Córdoba incumplió los objetivos objetivos de estabilidad presupuestaria o la regla de gasto durante el ejercicio económico de 2018, tal y como advierte el Ministerio de Hacienda en una estadística recientemente publicada. En concreto, fueron ocho las localidades que incumplieron el objetivo de estabilidad y 14 las que quebrantaron la regla de gasto.
Fueron cinco los que no pudieron ajustar sus cuentas a ambos dictados del Gobierno: Alcaracejos, Añora, Cañete de las Torres, Doña Mencía y Pozoblanco. En otros casos, incumplieron una u otra categoría: Almodóvar del Río, Belalcázar, Espejo, Espiel, Fuente la Lancha, Fuente Palmera, Hinojosa del Duque, Iznájar, Montilla, Montoro, Palma del Río y Villanueva del Duque.
El objetivo de estabilidad es una magnitud que pretende que las administraciones públicas cierren cada ejercicio con un equilibrio en sus finanzas, es decir, que no incurran en déficit al haber más gastos que ingresos. Con ello se pretende acabar con los déficit endémicos que arrastran las administraciones públicas.
En el primer semestre de cada año, el Gobierno, mediante acuerdo del Consejo de Ministros y previo informe del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas y de la Comisión Nacional de Administración Local, fija los objetivos de estabilidad presupuestaria, en términos de capacidad o necesidad de financiación y el objetivo de deuda pública referidos a los tres ejercicios siguientes. Esto es así tanto para el conjunto de administraciones públicas como para cada uno de sus subsectores. Dichos objetivos están expresados en términos porcentuales del Producto Interior Bruto (PIB).
En el conjunto de la provincia de Córdoba, el Ayuntamiento que más desvío su resultado en este apartado fue Belalcázar, con un resultado de 1,9 millones de euros en negativo. Le siguieron los consistorios de Pozobalnco (1,3 millones), Alcaracejos (703.000 euros), Carcabuey (173.000 euros) o Añora (133.552 euros).
Respecto a la regla de gasto, se trata de una herramienta que sirve para limitar las previsiones de gasto de las entidades públicas. Para ello, el Gobierno central fija anualmente un tope en los Presupuestos Generales del Estado a todas las administraciones para que no incrementen sus cuentas en periodos de bonanzas o sean excesivamente optimistas en periodos de recesión. El crecimiento anual se fija teniendo en cuenta varias variables, fundamentalmente el PIB. Muchas administraciones, sobre todo los municipios más pequeños, se quejan de que este instrumento coarta sus presupuestos y pone en riesgo la prestación de servicios a los vecinos.
De hecho, de los dos parámetros que Hacienda impone a las entidades locales, la regla de gasto resulta el más difícil de cumplir de acuerdo a la estadística publicada por el departamento que encabeza la ministra María Jesús Montero. Los ayuntamientos están obligados a publicar trimestralmente un informe sobre los pagos realizados y las cuantías pendientes de abono en su tesorería. En ella se muestran tanto los saldos pendientes que están reconocidos como aquellos que no lo están aún (las llamadas facturas en el cajón).
Son las localidades más pequeñas las más afectadas por esta regulación presupuestaria. De hecho, Montilla y Palma del Río fueron los únicos dos municipios de más de 20.000 habitantes de la provincia de Córdoba que incumplieron la regla de gasto el pasado ejercicio económico. Tampoco la Diputación pudo superar los estrictos parámetros financieros del Ministerio de Hacienda en este apartado.
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