Los municipios de Córdoba contratarán a 17.600 trabajadores para las 278 obras del PFEA

Córdoba/La subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López, ha presidido este viernes la cuarta reunión de la Comisión Provincial de Seguimiento del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) del ejercicio 2024, a la que han asistido la directora provincial de Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE), Alicia Vílchez, y representantes de la Junta de Andalucía, de la Diputación, de CECO, Asaja, COAG, UPA, UGT y CCOO.

Durante el encuentro, que ha tenido lugar en la sede de la Subdelegación del Gobierno, se han repasado los proyectos declarados viables en las convocatorias de Garantía de Rentas y de los Planes Generadores de Empleo Estable. Una vez otorgadas las subvenciones a todos los proyectos con viabilidad técnica y jurídica presentados, se dispone de un fondo de remanente de 83.498 euros de ambas convocatorias.

Se ha procedido a informar de la totalidad de proyectos afectados al PFEA 2024, incluyendo los cinco proyectos afectados a remanente, que hacen un total de 278. Todos ellos suponen una inversión de más de 48.689.608 millones de euros, de los que el Gobierno de España, a través del SEPE, subvencionará 30.256.932 euros. Esta cantidad permitirá la contratación de 17.604 trabajadores, especialmente procedentes del sector agrario. La previsión es que sean aproximadamente 290.400 jornales.

Tras la reunión, la subdelegada del Gobierno ha destacado el impacto que tienen este tipo de actuaciones en los territorios, ya que “se impulsa la empleabilidad de la población, mejorando su calidad de vida e impulsando la economía de la zona con la fijación de la población al territorio”. “La cifra de los proyectos aprobados, así como la del número de personas que accederán al mercado de trabajo gracias a ellos, es crucial para las localidades participantes”, ha añadido.

Proyectos viables

De los 278 expedientes a los que se ha dado viabilidad, 183 corresponden a proyectos de obras para Garantía de Rentas y 95 para obras y servicios generadores de empleo estable. Los primeros permitirán la contratación de 13.831 trabajadores y los segundos, de 3.773.

Todos ellos están enfocados a mejorar la pavimentación de las aceras; a realizar cerramientos de zonas deportivas y mejoras en polideportivos municipales; al acondicionamiento de calles y caminos para mejorar su accesibilidad; a actuaciones sobre jardines; a acondicionamiento de cementerios; a la rehabilitación de redes de abastecimiento de agua; a la realización de obras en residencia de mayores; a actuaciones sobre caminos rurales y zonas verdes; a la mejora de zonas complementarias a campings; y a la puesta en marcha de fases previas destinadas a un futuro parking de autocaravanas.

Entre los criterios que se han tenido en cuenta a la hora de valorar los proyectos presentados se encuentra que el fomento de la igualdad, el impulso en competencias digitales, la apuesta por los empleos verdes, que acrediten una mayor inserción laboral, que fomenten la accesibilidad universal, o que cuenten con la financiación de las entidades solicitantes para incorporar mejoras en la realización del programa.

Contra los desequilibrios económicos

El Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA), antes denominado Plan de Empleo Rural (PER), tiene su antecedente en el Plan de Empleo Comunitario, cuyo objetivo es corregir los desequilibrios económicos de las zonas rurales de Andalucía y Extremadura, así como paliar la problemática de los trabajadores del sector agrario en estas zonas.

El PFEA es un programa de empleo financiado por el Estado que subvenciona los costes salariales y las cotizaciones empresariales, cuyo importe asciende al 60% del coste total de la subvención. Sobre el aporte Estatal para mano de obra se calcula un 40% cuya finalidad es afrontar el coste de los materiales de las inversiones a realizar. El coste de dichos materiales es subvencionado por parte de la Junta de Andalucía y las diputaciones provinciales, en una relación 75 y 25%, respectivamente.

El PER fue polémico desde su creación: sus defensores argumentan que contribuye a mejorar las condiciones de vida en el medio rural y a evitar un éxodo de población de este a las ciudades; sus detractores argumentan que evita un verdadero desarrollo de los pueblos y que lleva aparejado diversos tipos de fraude (trabajadores que declaran peonadas falsas para alcanzar el subsidio, o que continúan trabajando ilegalmente mientras lo reciben).