Los olivareros cifran en 360 millones sus pérdidas por la caída del precio del aceite

“El sector está agonizando y si no se toman medidas urgentes corre un grave peligro”. El secretario general de UPA en Andalucía, Miguel Cobos, se ha mostrado así de pesimista con “la crisis de precios que está atravesando el aceite de oliva y que va a provocar que los productores pierdan en Córdoba unos 360 millones de euros”. Cobos ha alertado asimismo de que las pérdidas en Andalucía serán de 1.500 millones de euros.

El secretario general de UPA, quien ha hablado también en nombre COAG, ha destacado estos datos durante una convocatoria de prensa en la que ha anunciado que ambas organizaciones han convocado para el próximo 9 de julio una manifestación en Sevilla en protesta por esta situación que se desarrollará a partir de 10:30, frente al estadio Benito Villamarín. “Esperamos convocar a más de 6.000 olivareros llegados de toda Andalucía, sobre todo de Córdoba y Jaén”, ha confiado.

Cobos ha insistido en que esos 360 millones de euros de pérdidas es la diferencia entre lo que le cuesta al olivarero producir el aceite y lo que se le paga por él. En esa ecuación también hay otra variable, las ayudas que recibe el agricultor de la PAC, “con las que incluso el olivarero sigue perdiendo dinero”, ha insistido. El secretario general de UPA ha detallado que el coste de producción medio de un kilo de aceite está en 2,70 euros, “y si el productor lo vente a dos euros acaba perdiendo 70 céntimos”. “Luego, las ayudas de la PAC suponen una media de 40 céntimos por kilo de aceite, por lo que no llega ni siquiera a cubrir los costes de producción, el agricultor al costarle producir un kilo de aceite 2,70 euros y percibir 2,40 euros, sumando esa ayuda de la PAC, sigue perdiendo 30 céntimos por kilo;esta situación pensamos desde UPAy desde COAG que es insostenible”, ha remarcado.

UPA y COAG achacan la caída de los precios del aceite de oliva a los movimientos especulativos del mercado y demandan “mecanismos de regulación que posibiliten que el agricultor reciba un precio justo por su aceite”. Todo ello cuando “hemos tenido una buena cosecha en la provincia de Córdoba superando las 300.000 toneladas y de 1,4 millones en Andalucía, incrementándose la producción nacional un 38% respecto a la temporada anterior, mientras en nuestros países competidores –Italia, Grecia, Portugal y Túnez– ha descendido”, ha sentenciado.

En este contexto, UPA y COAG demandan una serie de medidas dirigidas al propio sector, la Administración y la UE. Piden la apuesta por una verdadera vertebración del sector que pasa por promover la creación de estructuras que permitan la concentración de la oferta y hacerse un hueco cada vez más importante en la comercialización y distribución de sus producciones. También exigen la revisión del sistema de almacenamiento privado. “Hay que actualizar los precios del desencadenamiento del almacenamiento privado que realiza la UE teniendo en cuenta los costes anuales de producción; esos precios del desencadenamiento están en 1,78 euros, tienen que estar los precios tres semanas por debajo de 1,78 euros para ese desencadenamiento, como hace 25 años, cuando los costes de producción están en 2,70 euros el kilo”, ha denunciado.

Las organizaciones agrarias demandan asimismo a la Interprofesional del Aceite de Oliva e Interaceituna que refuercen las labores de promoción y la investigación e innovación “para mejorar la posicionamiento de nuestros productor en el mercado mundial. Demandamos conveniar en su seno precios mínimos ligados a los costes de producción y la autoregulación del sector, además del apoyo de Extenda”, ha matizado Cobos.

Entre las reivindicaciones de UPA y COAG está también la de luchar por la revalorización del aceite de oliva como producto de calidad, evitando su banalización y que se convierta en un producto reclamo. Y respecto a la Ley de Cadena Agroalimentaria, insisten en que se debe permitir que el productor reciba unos precios justos, por encima de los costes de producción. Además, demandan que el olivar tradicional con bajas producciones y altos costes reciba un apoyo adicional en forma de pagos básicos y acoplados provenientes de la PAC;así como exigen mejores mecanismos de regulación de los mercados con contratos tipo homologados obligatorios.

“Se tiene que establecer una excepción a la Ley de Competencia de la UEpara permitir que los agricultores tengan la posibilidad de negociar colectivamente los precios; y evitar prácticas desleales y abusivas como la venta a pérdidas, incorporando a la ley el establecimiento de unos precios mínimos para los agricultores ligados a los costes de producción”, ha insistido. Otras de las reivindicaciones son seguir avanzando en la mejora de los procesos de producción, transformación y comercialización, “llevando a cabo más y mejor promoción e investigación en nuevas tecnologías que reduzcan los costes de producción”, y “establecer mecanismos de control de calidad y sanciones para evitar fraudes al consumidor”.