El PFEA desarrollará 239 proyectos en los pueblos de Córdoba con una inversión de 39 millones de euros

Córdoba/La Comisión Provincial de Seguimiento del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) del ejercicio 2024 ha declarado viables 239 proyectos en los municipios de Córdoba, que supondrán una inversión de más de 39.282.653 millones de euros, de los que el Gobierno de España, a través del SEPE, subvencionará 24.360.769 euros. Esta cantidad permitirá la contratación de 14.226 trabajadores, especialmente procedentes del sector agrario, según ha informado este martes la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López, quien ha presidido la reunión.

La previsión es que sean aproximadamente 235.400 jornales. En la comisión particvipan la directora provincial de Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE), Alicia Vilchez; así como representantes de la Junta de Andalucía, de la Diputación, Asaja, COAG, UGT y CCOO. Tras la reunión, López ha puesto el acento en la importancia de este tipo de actuaciones “para favorecer que la población se asiente en sus territorios con el fomento de puestos de trabajo y con la mejora de la calidad de vida en sus municipios”. “La viabilidad de los proyectos que hemos conocido ahora demuestra que este mecanismo está resultando eficaz y que se está desarrollando con la agilidad deseada”, ha añadido.

Pendientes de los remanentes

De los 239 expedientes a los que se ha dado viabilidad, 157 corresponden a proyectos de obras para garantía de rentas, y 82 para obras y servicios generadores de empleo estable. Los que no han recibido esta calificación tienen hasta el 15 de octubre para subsanar sus expedientes. En esa fecha se conocerá el listado definitivo de todos los proyectos que saldrán adelante.

A partir de ese momento, en los proyectos de obra para garantía de rentas, se contempla la posibilidad de 12 proyectos para posibles remanentes del ejercicio en el caso de que algunos de los previstos actualmente no se lleven a cabo.

Objetivos de estos programas

Todos ellos están enfocados a mejorar la pavimentación de las aceras; a realizar cerramientos de zonas deportivas y mejoras en polideportivos municipales; al acondicionamiento de calles y caminos para mejorar su accesibilidad; a actuaciones sobre jardines; a acondicionamiento de cementerios; a la rehabilitación de redes de abastecimiento de agua; a la realización de obras en residencia de mayores; a actuaciones sobre caminos rurales y zonas verdes; a la mejora de zonas complementarias a campings; y a la puesta en marcha de fases previas destinadas a un futuro parking de autocaravanas.

Entre los criterios que se han tenido en cuenta a la hora de valorar los proyectos presentados se encuentra que el fomento de la igualdad, el impulso en competencias digitales, la apuesta por los empleos verdes, que acrediten una mayor inserción laboral, que fomenten la accesibilidad universal, o que cuenten con la financiación de las entidades solicitantes para incorporar mejoras en la realización del programa.

Contra los desequilibrios económicos

El Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA), antes denominado Plan de Empleo Rural (PER), tiene su antecedente en el Plan de Empleo Comunitario, cuyo objetivo es corregir los desequilibrios económicos de las zonas rurales de Andalucía y Extremadura, así como paliar la problemática de los trabajadores del sector agrario en estas zonas.

El PFEA es un programa de empleo financiado por el Estado que subvenciona los costes salariales y las cotizaciones empresariales, cuyo importe asciende al 60% del coste total de la subvención. Sobre el aporte Estatal para mano de obra se calcula un 40% cuya finalidad es afrontar el coste de los materiales de las inversiones a realizar. El coste de dichos materiales es subvencionado por parte de la Junta de Andalucía y las diputaciones provinciales, en una relación 75 y 25%, respectivamente.

El PER fue polémico desde su creación: sus defensores argumentan que contribuye a mejorar las condiciones de vida en el medio rural y a evitar un éxodo de población de este a las ciudades; sus detractores argumentan que evita un verdadero desarrollo de los pueblos y que lleva aparejado diversos tipos de fraude (trabajadores que declaran peonadas falsas para alcanzar el subsidio, o que continúan trabajando ilegalmente mientras lo reciben).