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Cuentas provinciales
Si el de este año que ahora acaba el presupuesto de la Diputación de Córdoba fue de récord, el del ejercicio de 2023 se ha incrementado de nuevo, supera los límites y vuelve a ser el más alto de la historia, ya que el consolidado llega a los 379 millones de euros, unas cuentas que incorporan los organismos y empresas dependientes. El presupuesto sin ellas es de 300,38 millones de euros, con un incremento del 8,94% respecto a 2022.
El presidente de la institución provincial, Antonio Ruiz, ha sido el encargado de presentar el proyecto de las cuentas del año que viene, que se aprobará en el pleno de la Diputación el próximo 4 de enero. Según ha explicado, tres son los factores que inciden de manera muy directa en el presupuesto: el incremento de la partida de personal, que cobrará un 2,5%, la subida del precio de los materiales de obras y, en tercer lugar, las inversiones que se afrontan con préstamos.
En este punto, ha recordado que "la Diputación está por debajo del 75% que marca la ley en porcentaje de deuda". En concreto, ha continuado, en 2022 estamos en el 34,7%, y podríamos recurrir a esa financiación que plantea el presupuesto. Sin embargo, en el actual ejercicio "liquidamos 2021 con déficit porque ejecutamos los presupuestos en un porcentaje muy alto y los remanentes positivos se destinaron a aumentar los recursos para los ayuntamientos, como el Plan Córdoba 15 o el Plan Más Municipalismo".
Ruiz ha incidido en que los de 2023 vuelven a ser los presupuestos "más altos", ya que se incrementan un 8,9%. Pero, ¿de dónde salen estos incrementos? Pues, de varias partidas. Una de ellas, según ha expuesto, es por el aumento en los ingresos del Gobierno central, con 7,65 millones de euros más, y también por el aumento de las transferencias de la Junta de Andalucía para el programa de ayuda a domicilio y dependencia en 7,35 millones de euros.
A todos estos aumentos se añaden el convenio entre Enresa y el Ayuntamiento de Fuente Obejuna, con 1,4 millones de euros más, la subvención del Estado del proyecto de modernización electrónica y administración local de 1,2 millones y el menor importe de las operaciones de crédito, que bajan en tres millones de euros.
Las principales incidencias en gastos ordinarios es, además de la previsión del incremento salarial del 2,5% del personal, la cobertura del déficit del servicio del Ciclo del Agua por el mantenimiento de las tarifas, con 5,9 millones de euros.
A ello se suma la subida de la carga financiera de 1,96 millones de euros por el incremento de la subida tipos y el mayor volumen de la amortización de la deuda, el aumento de 500.000 euros del Consorcio de Bomberos por la promoción del personal y el paso de la categoría laboral C2 a C1, además de la transferencia del Instituto de Cooperación con la Hacienda Local por el incremento del coste de los anticipos de la recaudación a los ayuntamientos, entre otros.
El capítulo de inversiones de 2023 es también el "más alto de la historia de la Diputación", según ha destacado Ruiz, quien ha anotado que las mismas "nos permiten seguir apostando por la inversión y volvemos a hacer un gran esfuerzo inversor, con más de 77 millones de euros, y que suben un 11,5% respecto a 2022".
Dentro de las inversiones, el presidente de la Diputación de Córdoba ha indicado que incluyen "iniciativas que responden a nuestra hoja de ruta". Entre otros, ha citado los programas de lucha contra la despoblación y el desempleo, al que se destinan 30,8 millones de euros.
A este programa, que cuenta con varias líneas de trabajo, como el plan de asistencia económica de los ayuntamientos con nueve millones de euros, se suma el correspondiente a la lucha contra el desempleo, que tiene una inversión de 3,14 millones de euros y "atiende a las necesidades importantes en la provincia", ha destacado.
En el caso del presupuesto del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS), alcanza los 77,9 millones de euros, lo que supone un 11,07% más respecto a 2022. En este punto, Ruiz ha indicado que este es el octavo presupuesto consecutivo que estas políticas aumentan y que se invierten más del doble que en 2015.
"Son unos presupuestos que responden a una hoja de ruta marcada por la pandemia, la guerra de Ucrania, a luchar contra la despoblación, la mejora infraestructuras servicios públicos, políticas sociales como base de acción política, generación de empleo, modernización y nuevas tecnologías y que el mundo rural no se queden atrás en esta revolución tecnológica y lucha contra el cambio climático y, todo ello, bajo la bandera del municipalismo", ha afirmado.
La diputada de Hacienda, Felisa Cañete, por su parte, ha avanzado que será a partir de febrero cuando el presupuesto estará a disposición de los ayuntamientos. Cañete ha considerado que las cuentas de 2023 garantizan el equilibrio financiero, al tiempo que ha destacado el impulso que se da a las inversiones propias.
En su intervención, ha hecho referencia al "esfuerzo para mantener presupuestos expansivos" y ha recordado que se han incrementado en un 45% respecto a 2015. A su juicio, estas cuentas "nos permite dar respuesta a demandas de los municipios de la provincia y prestar servicios públicos de calidad".
Tras presentación a los medios de comunicación, la Diputación ha dado a conocer los presupuestos al Consejo de Alcaldes. Al respecto, Ruiz ha explicado que a partir de este momento "disponen de un tiempo para hacer cualquier tipo de iniciativa o cuestión importante".
El presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz, ha hecho referencia al retraso en la aprobación de las cuentas anuales, que normalmente salen adelante en el último pleno del año. En esta ocasión no ha sido posible porque, según ha detallado, "al incurrir en ese déficit tienes que pedir autorización al órgano de tutela, es decir a la Junta de Andalucía, a la hora de pedir préstamos". Ante esta situación, desde la Diputación se hizo pero, según Ruiz, el Ejecutivo autonómico "nos contestó que no podemos financiar con préstamos más allá de lo que sean las propias inversiones de la Diputación, es decir, con recursos que vayan a los ayuntamientos". Se trata de un criterio "dispar" porque desde la institución provincial entienden "como inversiones cualquier inversión recogida, mientras que la Junta entiende que las inversiones destinadas a los ayuntamientos son para otras instituciones". "Es una situación que nos marca", ha reseñado. Ruiz también ha reconocido que la misma ha provocado que las partidas y los préstamos de los planes provinciales se haya ajustado, al igual que la deuda.
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