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Córdoba/El recibo de la basura subirá un euro al mes por vivienda en los municipios de Córdoba. Esta es la medida que aplicará la Empresa Provincial de Residuos y Medio Ambiente (Epremasa) para costear los 4,8 millones de euros que supone habilitar el quinto contenedor, el marrón, en la provincia.
El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha achacado al "basurazo" del Gobierno de Pedro Sánchez este incremento, pues se trata de una medida a la que "obliga" la Ley de Economía Circular. Y es que, como ha explicado, la normativa impide que se realice una transferencia extraordinaria de capital a Epremasa para afrontar este pago, sino que determina que sean "los propios usuarios quienes paguen el 100% del coste del quinto contenedor".
El también denominado contenedor marrón se usará exclusivamente para depositar los biorresiduos o residuos orgánicos, que suponen alrededor del 40% de los que se producen en los hogares. Se deben depositar solo restos de fruta y verdura, de carne y pescado, cáscaras de huevo, de marisco y de frutos secos, otros restos de comida, posos de café e infusiones, tapones de corcho (sin añadidos de plástico u otros materiales), cerillas y serrín, papel de cocina sucio, servilletas de papel usadas y pequeños restos de poda y jardinería. Son basuras que, ahora, se echan en el verde.
Fuentes ha insistido en que el contenedor "se implantará en todos los ayuntamientos, independientemente de su tamaño, al mismo tiempo", y aunque la ley obliga a que entre en servicio el próximo mes de abril ha reconocido que no estará en esa fecha, aunque sí empezará a instalarse a lo largo del año con la financiación de esos 12 euros al año que aportará cada familia.
La propuesta que Epremasa llevará en los próximos días al consejo de administración es la actualización de la tasa en un 9,79%. Pese a este incremento, que se suma al aplicado en el actual ejercicio del 40%, Fuentes ha insistido en que el recibo por la gestión de residuos que pagan las familias de Córdoba aún está muy por debajo de la media de Andalucía. Así, mientras que en el conjunto de la comunidad se abonan 155 euros de media al año, en Córdoba son 142.
El presupuesto de Epremasa, por otra parte, incluirá diferentes inversiones que alcanzan los 16,5 millones de euros, según ha detallado Fuentes. Con una partida de 11,5 millones, se financiarán cinco plantas de compactación que irán ubicadas en Dos Torres, Peñarroya-Pueblonuevo, Montoro, Nueva Carteya y Rute, así como la estación de transferencia por compactación en el Alto Guadalquivir, el pago de 1.500 contenedores de reposición y la adquisición de cubrecontenedores. A este montante habría que añadir los cinco millones de remanente ya aprobados para la prensas de compactación de Montoro (650.000 euros), los cubrecontenedores para biorresiduos (795.000 euros) y un inversión de 3,5 millones de euros para modernizar el complejo medioambiental de Montalbán, instalación que experimentará "un salto cuantitativo y cualitativo".
A este montante se le incorporarán 18 millones de euros procedentes de fondos europeos e incluidos por la Junta de Andalucía en el proyecto de ley de presupuestos autonómicos para 2025, con los que se construirá una planta de biometano. Con esta, la infraestructura se convertirá en una "gran planta medioambiental" de tratamiento de residuos al "modelo europeo" que será referente en toda Andalucía.
Cuando el Partido Popular llegó al equipo de gobierno provincial, Epresama presentaba un déficit de siete millones de euros; para evitar su quiebra, este 2024 se ha aplicado un "plan de choque" que ha implicado la subida de las tasas del 40% "por necesidades obvias" y con "todo el desgaste electoral que esto supone", ha asumido Fuentes. Con esta medida, más dos millones que inyectó la Diputación, la empresa se salvó y al cierre del ejercicio habrá un "equilibrio de cuentas", lo que repercute en la "seguridad laboral y planificación de inversiones".
En todo caso, la previsión es que en 2025 regresen los números rojos; en concreto, el expediente del presupuesto prevé un déficit de 2,7 millones como consecuencia de la implantación del quinto contenedor, de la venta de residuos a la baja y del impuesto a los vertederos también aplicado por el Gobierno central, ha detallado el presidente, que se ha mostrado muy crítico con la Ley de Economía Circular del Gobierno central. Y es que, según Fuentes, la norma "pone encima de la mesa una directiva europea que dice que quien contamina paga", aunque con una interpretación que ha sido rechazada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que la tilda de "basurazo".
"La directiva europea no exige que se imponga una tasa, pero el legislador lo ha hecho y tenemos que cumplir la ley, no cabe margen de maniobra", ha incidido Fuentes, quien ha recordado que los técnicos auguran una "gran litigiosidad".
El presidente de Epremasa, Andrés Lorite, ha agradecido por su parte a los trabajadores "el esfuerzo muy considerable para cambiar radicalmente el escenario y conseguir una empresa comprometida medioambientalmente". Ha explicado, además, que en el último año se han hecho importantes avances en materia social y laboral, como la firma por unanimidad del convenio colectivo de la empresa tras una década de parálisis, lo que ha calificado de "hito".
En cuanto a inversiones, ha avanzado que en el próximo ejercicio se asumirán proyectos que estaban comprometidos y no ejecutados, como el soterramiento de contenedores en Villafranca, en todo el casco urbano de Lucena y en Baena; próximamente en Encinas Reales, Palenciana, Benamejí y Villa del Río, y el año que viene en La Rambla. La previsión es cerrar el ejercicio de 2024 con un 70% de ejecución de las cuentas, cuando en 2023 apenas se llegó al 12%, ha comparado Lorite.
Mientras, el portavoz del PSOE en la Diputación, José Antonio Romero, ha reprochado al equipo de gobierno provincial que "el beneficio que se prevé en Epremasa debería de estar en los bolsillos de los ciudadanos, a los que el PP le ha metido la mano en la cartera con la bruta subida de la tasa de basura de hasta un 40,8%", por lo que ha exigido a la Diputación "cero subida", que "no haya incremento del recibo de basura el próximo 2025". Romero ha lamentado "el aumento de la fiscalidad a manos del gobierno de la Diputación que, pese a la previsión de beneficios a final de año, ha avanzado por boca de su presidente que se plantea nuevas subidas para los recibos de basura y de agua para el próximo ejercicio".
"Es lo que hace el PP cuando gobierna: miente a los ciudadanos y sube los impuestos, y no se acuerda de que, cuando estaba en la oposición, su promesa estrella era la bajada de impuestos y de la carga fiscal", ha detallado Romero al comentar la "política de mentiras del PP para llegar al poder".
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