Pedro Arrojo, relator de la ONU para el agua: "Se pueden estar quebrando derechos humanos en el Norte de Córdoba"

El relator especial de la ONU para los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, Pedro Arrojo Agudo, ha visitado este lunes Pozoblanco para conocer de cerca el problema sobre el abastecimiento de agua potable que vive la zona Norte de la provincia de Córdoba desde hace siete meses. Arrojo, conocedor del problema actual del territorio, ha querido entrevistarse con los actores locales para acercarse al detalle de la situación y así poder emitir una recomendación al respecto si fuera necesaria.

Aunque sin emitir una opinión al respecto, ha considerado que “es muy probable, evidente incluso, que aquí se están quebrando derechos humanos al agua potable". "Mi obligación es investigarlo y dirigirme con los resultados al Gobierno de la nación”, ha anunciado.

En este acercamiento a la realidad que se está viviendo en las comarcas de Los Pedroches y el Alto Guadiato, desde la Plataforma Ciudadana Unidos por el Agua se ha ofrecido un encuentro con el relator especial de la ONU para concienciar sobre el derecho básico de la población del territorio de acceder con garantías al agua potable, con objeto de ofrecer información clara y precisa al respecto. Una cita que ha tenido lugar en el instituto de Educación Secundaria Los Pedroches abierta a todo el público, en la que Pedro Arrojo también ha explicado cuáles son los formas y tiempos de trabajo que tiene como relator especial en el tema del agua.

En este encuentro, en el que también ha participado Leandro del Moral, catedrático de la Universidad de Sevilla y miembro de la Fundación Nueva Cultura del Agua, Pedro Arrojo ha dado a conocer cuál es su misión en este asunto, así como explicar algunos casos similares que se han sucedido en España y en los que ha emitido una carta de alegación, como han Doñana, Baza en el altiplano granadino o Yecla en Murcia.

En todos estos territorios, “se está produciendo una quiebra de lo que se entiende como enfoque de gestión de agua basada en los derechos humanos, porque se había permitido un desarrollo de actividades de variado tipo que había llevado a sobreexplotar determinados acuíferos que eran la base del abastecimiento urbano de esas regiones”.

En esos casos, las soluciones han sido variadas, como traer al agua potable de otros acuíferos, la ósmosis inversa o potabilizadoras, como se está proponiendo en la zona Norte de Córdoba, pero que, según Arrojo, “son alternativas que no resuelven el problema de origen y que, además, cargan sobre los vecinos, que no tienen culpa, nuevos costes como duplicar o triplicar la tarifa del agua, entrando así en quiebra el principio de derecho al agua potable en asequibilidad”.

Para Arrojo, “las soluciones de emergencia están bien, pero no resuelven el problema de fondo que es que el agua de mayor calidad que hay en el territorio, en prioridad, debe ser para satisfacer los derechos humanos de la gente que vive en el territorio, y luego para lo que sea menester, siempre que se garantice esa prioridad”. Respeto a la situación de las comarcas cordobesas, Arrojo no ha querido pronunciarse aún sin conocer todos los datos, pero estima que es muy parecida a la de otros territorios donde sí se ha quebrado el derecho fundamental de los humanos al agua.

Una de las preocupaciones que ha puesto sobre la mesa el relator especial de la ONU es precisamente la falta de asequibilidad que este problema puede suponer para determinados colectivos del territorio, a los que además se les suma el problema de la pobreza energética, por lo que no se puede consentir, según Arrojo, que el acceso al agua potable y de calidad sea una cuestión de quien pueda pagarla o no, de ricos o pobres.

En esta ecuación intervienen también otras cuestiones de fondo como es la gestión pública o privada del agua, ya que, según Arrojo, en consonancia con su antecesor en el puesto en la ONU preocupa la tendencia que se está generando en muchos países respecto a la privatización del agua. Arrojo ha sido muy claro en este sentido, explicando que desde su puesto en la ONU no se tiene poder ejecutorio, solo de recomendación, por lo que son los gobiernos de cada nación los que deben tomar parte en romper con esta tendencia si hacen caso a las recomendaciones sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento.

En el marco del encuentro, el relator especial de la ONU también ha animado a la población del territorio a formar parte de la plataforma ciudadana Unidos por el Agua, que es la manera más accesible de poder tener participación en la solución del problema que se está viviendo en la zona, una vez que este colectivo se ha convertido en actor del territorio en el que queda asegurada la participación de todos.