Salvador Fuentes advierte a la Confederación Hidrográfica del Guadiana: "Si hay que ir a los juzgados, iremos"

Córdoba/La Diputación de Córdoba está "harta" de esperar a que la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) autorice las obras para la conexión definitiva de los embalse de La Colada con Sierra Boyera, de la que se beneficiarán más de 80.000 vecinos del norte de la provincia de un servicio básico como es el agua. El presidente de la institución provincial ha lamentado que lleven "18 meses esperando" y ha fijado como plazo máximo de respuesta por parte del ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico este próximo lunes día 14 de abril. En el caso de que no reciba la respuesta esperada, Fuentes ha anunciado que tomará medidas legales.

"Vamos a esperar hasta el lunes, a partir de ahí, mis ruegos no serán tan ruegos y tendremos que plantearnos otras cosas. Si hay que ir a los juzgados, iremos. Están todos insistiendo en que las obras tienen que hacerse ya -plazo de ejecución de un año-. Por eso,m si hay que abrir una guerra, la abriremos. Si no recibo contestación de la ministra el lunes, iremos con todas las consecuencias a defender los intereses de la provincia de Córdoba", ha señalado el presidente de la Diputación ante el "retraso" de la Confederación Hidrográfica del Guadiana para la autorización de las obras en La Colada.

El presidente de la Diputación ha hecho hincapié en que, a través de la justicia, pedirá "responsabilidades personales de toda índole porque hay indicios preocupantes de actuaciones que están dilatando el proceso" por parte del Gobierno de España. La intención de Fuentes es "no llegar a eso", pues "se va a generar un conflicto con el que no sale ganando ninguna de las partes". "Yo no gano nada con la confrontación, la trinchera y con los bulos, pero no puedo esperar 18 meses cuando dentro de unos años puede haber otra sequía, eso la gente no lo va a entender", ha añadido el máximo representante de la institución provincial.

La concesión de las aguas desde La Colada a Sierra Boyera fueron dadas a la Diputación en el 2022 por una situación hidrológica extrema, por lo que la concesión "está ya dada", según Fuentes. El paso que falta es la concesión de las obras para conectar los dos embalses, una intervención que, en palabras de Fuentes, es "absolutamente necesaria porque Sierra Boyera no puede abastecer a 27 pueblos, ya que está concebido para suministrar de agua 11 municipios", lo que hace necesario el suministro de agua de otro pantano, en este caso, el de La Colada.

El presidente de la Diputación ha insistido en que las obras, "que se sabían de hace más de un año", ya fueron adjudicadas a una empresa hace cuatro meses y que la "situación de necesidad hídrica" de la zona norte de Córdoba "justifica la preferencia de los trámites". De ahí que culpe a la Confederación Hidrográfica del Guadiana del retraso, el cual está provocando el enfado y las pérdidas económicas de empresarios ganaderos y agrícolas de la zona norte de Córdoba, además de deficiencias en el consumo de agua diario de más de 80.000 habitantes.

"Mañana llamaré al presidente de la Confederación para saber cómo está el documento que dijeron que iban a mandar en la primera quincena de abril. Estoy harto de comprender a la CHG y al ministerio, pero, ¿a Córdoba quién la comprende? Cuando venga otra sequía habrá que explicarle a los ciudadanos que hemos estado parados dos años por estar pendientes de la autorización de una obra cuando lo primero que tienen que hacer las administraciones es agilizar los trámites por situaciones de extrema gravedad", ha explicado Salvador Fuentes, quien ha lamentado que los plazos se puedan alargar hasta mayo.

Desde la Diputación de Córdoba esperan recibir este informe antes del próximo lunes 14 de abril. En el caso de que la respuesta de la CHG sea que antes del permiso de las obras se debe aprobar la concesión de las aguas de un embalse a otro, Salvador Fuentes ha prometido "actuar", amenazando a la institución con medidas legales. Y es que, Fuentes ha recriminado "la dinámica dilatoria que está adoptando el ministerio", la cual "no es normal", ya que se trata de una causa que afecta a 27 municipios y a más de 80.000 vecinos y que "debe estar por encima de cualquier procedimiento ordinario".