Prisión para una pareja de Pamplona acusada de tener un plan para matar a la ex mujer del hombre

La titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Pamplona ha imputado un delito de asesinato en grado de tentativa y ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza de una pareja que supuestamente tenía un plan “para atentar contra la vida” de la ex mujer del hombre investigado, con la que tiene un hijo menor.

El pasado día 23, según relata la magistrada en la resolución judicial, los dos coimputados estuvieron en el lugar de los hechos en el momento en que se disparó con una escopeta al vehículo de la denunciante, en concreto a la zona de la ventanilla de la conductora, que circulaba por la N-121-A a la altura de Sumbilla. El investigado tiene una escopeta del calibre 22, y en el momento de la detención se halló en su coche munición de dicho calibre.

En la comparecencia celebrada este viernes, el Ministerio Fiscal ha solicitado el ingreso en prisión provisional de los dos investigados, X. A. E. y L. A. G., una medida a la que se ha adherido la acusación particular. Los letrados defensores, por su parte, ha pedido la libertad provisional sin fianza.

En la resolución, que puede ser recurrida, la jueza relata que, de la investigación realizada hasta el momento, se desprende que los investigados “mantienen una relación de pareja”.

Tras una exploración inicial de los móviles y los vehículos de las partes, considera que existen “indicios objetivos” de que ambos actuaron con la citada finalidad de atentar contra la vida de la víctima, con la que el coimputado tiene un hijo menor y de la que se había separado.

Los denunciados, según consta en el auto, han actuado conjuntamente y, de esta manera, días antes se desplazaron en “varias ocasiones” al lugar de los hechos denunciados.

Según la magistrada, ambos eran conscientes del riesgo real para la vida e integridad de la víctima, y asumieron dicho resultado.

La juez decreta el ingreso en prisión “ante la gravedad de los hechos”, las penas tan elevadas que pudieran imponérseles, la necesidad de evitar que se frustren dichas pruebas, para evitar la sustracción a la justicia, es decir, la fuga de los imputados, así como para proteger “la vida e integridad de la víctima”.

Al mismo tiempo activa a favor de la víctima y su hijo la orden de protección para las víctimas de la violencia doméstica prevista en la Ley de Enjuiciamiento Criminal que implica la prohibición de los imputados de acercase a menos de 500 o comunicarse con ella y su hijo.

Además, en cuanto a las medidas civiles respecto al hijo que tienen en común el hombre investigado y la denunciante, la magistrada confiere a la madre tanto la patria potestad en exclusiva como la guarda y custodia, y, por último, suspende las visitas del padre con el menor