Análisis
Santiago Carbó
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Dos varones que cumplen condena en el centro penitenciario de Córdoba tendrán que volver a sentarse en el banquillo de los acusados, esta vez, por haber agredido sexualmente a otro recluso.
En concreto se les acusa de haberlo violado. Ambos atacantes se encontraba en la cárcel como procesado cuando sucedieron los hechos. Por este nuevo delito los dos se enfrentan a una pena de 13 años de prisión por el delito de agresión sexual.
Los hechos se produjeron en la celda de la víctima cuando uno de los dos acusados entró en su habitáculo y le ordenó que se bajara los pantalones. Ante la amenaza la víctima se negó y, entonces, la persona que compartía celda con él, otro procesado, lo agarró sujetándole los brazos con fuerza para evitar que se moviera.
Según relata la Fiscalía en su escrito de acusación al que ha tenido acceso Caso Abierto, portal de sucesos e investigación del grupo Prensa Ibérica, los hechos tuvieron lugar en la celda de la víctima.
Un primer acusado entró, ordenándole que se bajara los pantalones. La víctima se negó y el compañero de celda, otro procesado, lo agarró, sujetando sus brazos para inmovilizarlo.
El segundo acusado inclinó al interno hacia adelante, le bajó los pantalones y procedió a penetrarle analmente sin el consentimiento de éste. Tras eyacular el otro procesado replicó el acto y, sujetando a la víctima, volvió a violar a su compañero.
Los hechos son constitutivos de un delito de agresión sexual con penetración por parte de cada uno de los acusados, según hace constar el fiscal.
Ambos se sentarán en el banquillo como autores y cooperadores necesarios, ya que se turnaron para violar al compañero. También les acusa el Ministerio Fiscal de un delito leve de lesiones como coautores.
Para uno y otro acusado, la Fiscalía solicita a la Audiencia Provincial, que juzga el caso un total de 13 años de prisión por la violación y una multa por el delito leve de lesiones. Asimismo, pide que se imponga a ambos la prohibición de acercarse a la víctima a menos de 300 metros y de comunicarse con él durante seis años. Y, en última instancia, libertad vigilada durante seis años.
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