Al menos 1.252 personas fueron ejecutadas el año pasado bajo pena de muerte

Madrid/El grupo defensor de los Derechos Humanos Amnistía Internacional (AI) instó este viernes a todos los países del mundo a aprovechar el 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos para apoyar una nueva resolución en Naciones Unidas que impulse definitivamente una moratoria universal de las ejecuciones, como paso decisivo hacia la abolición de la pena de muerte en todo el mundo.

La organización lanzó un comunicado con motivo del Día Mundial contra la Pena de Muerte, y recuerda que la pena de muerte constituye una violación del derecho a la vida y del derecho que tiene toda persona a no ser sometida a tratos crueles, inhumanos o degradantes, ambos reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entre otros instrumentos del Derecho Internacional.

En la actualidad, 92 países han eliminado la pena de muerte para todos los delitos, aunque existe un grupo de 35 estados a los que se considera "abolicionistas en la práctica", al no haber llevado a cabo ejecuciones en los últimos diez años. Sin embargo, hay constancia de ejecuciones durante 2007 en 24 países, subraya AI.

Los casos más recientes de países que han abolido la pena de muerte de sus legislaciones son Uzbekistán, donde se eliminó para todos los delitos a partir del pasado 1 de enero, y Argentina, último país en abolir la pena de muerte en todas sus leyes al suprimirla del Código Militar.

AI detalla que entre 18.311 y 27.562 personas continúan presas en corredores de la muerte en todo el mundo. En Irán se han producido al menos 227 ejecuciones este año, de las cuales seis se aplicaron a menores de edad. La organización añade que el año pasado fueron ejecutadas al menos 1.252 personas en todo el mundo, y que el 88% de las ejecuciones conocidas en 2007 se concentra en Arabia Saudí, Estados Unidos, China, Irán y Pakistán.

Españoles en el corredor de la muerte

En el Día Mundial Contra la Pena de Muerte AI ha lanzado a través de una página web una acción para apoyar a Pablo Ibar, español condenado a muerte en Estados Unidos, y para pedir a las autoridades de Florida que promuevan la moratoria de las ejecuciones como un primer paso hacia la abolición total de la pena de muerte en este Estado norteamericano.

Pablo Ibar fue acusado en 1994 del asesinato de tres personas durante el robo de una vivienda en Florida, aunque en un primer momento el jurado no alcanzó un veredicto unánime y en 1998 el juez declaró nulo su juicio. Sin embargo, en el año 2000 fue condenado por el triple asesinato a raíz de su supuesta aparición en las imágenes de un vídeo del sistema de seguridad de la casa, un hecho puesto en duda por la actual defensa de Ibar.

El veredicto ha sido apelado ante el tribunal, y la vista de esta apelación, que en caso de prosperar supondría la anulación del juicio y reinicio del proceso, está prevista para finales de 2008 o principios de 2009, añade AI.

Además de Pablo Ibar, otro ciudadano español de origen sirio, Nabil Manakli, sigue condenado a muerte en Yemen pero espera su traslado a España. Manakli fue detenido en 1997 y condenado junto a otras 27 personas que, según los informes que se presentaron, fueron torturadas para obligarlas a confesar. En la actualidad se espera que Manakli pueda ser trasladado a territorio español, lo que supondría en la práctica la conmutación automática de su pena de muerte.

España y la pena de muerte

El Gobierno español lanzó en junio de 2008 una iniciativa para que en el año 2015 pueda lograrse una moratoria universal de la pena capital como paso previo a su abolición. Y el pasado mes de septiembre, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, la presentó ante Naciones Unidas.

AI pidió al Gobierno que redoble sus esfuerzos diplomáticos con los Gobiernos con los que mantiene relaciones bilaterales y que aún mantienen la pena de muerte en sus legislaciones. Sin embargo, la Constitución de 1978, que estableció la abolición de la pena de muerte, sigue mencionando una excepción para aquellos casos en los que la legislación militar establezca en tiempo de guerra en España, informa AI.

A pesar de la eliminación del Código de Justicia Militar, la mención en la Carta Magna permitiría que la aplicación de la pena de muerte en tiempo de guerra pudiera ser constitucional. Amnistía Internacional considera que la Constitución debería eliminar esta mención a la pena de muerte e incluso prohibir expresamente su aplicación.