La Diputación echa una mano para evitar que el patrimonio acabe en ruina

Como ocurría con el desarrollo urbanístico de los municipios al final del periodo franquista, inexistente y lastrado por unas arcas municipales en las que escaseaba el dinero, los bienes patrimoniales e históricos que había repartidos por la provincia corrían prácticamente la misma suerte, muchos de ellos incluso empezaban a amenazar ruina o esa ruina era una total realidad.

Si la primera piedra para el desarrollo urbanístico de los municipios cordobeses la puso la Diputación en junio de 1979 con el diseño de los entonces llamados Planes Provinciales de Obras y Servicios y de la Comarca de Acción Especial de la Zona Norte, la institución provincial también puso el primer granito de arena para iniciar la recuperación de esos bienes que necesitaban de actuaciones más o menos urgentes.

No estaban todos los que eran, pero sí eran todos los que estaban. En los documentos de 1979 de la Comisión de Obras se habla de que “también la Diputación de Córdoba, dentro de sus límites y posibilidades, está haciendo frente a la conservación y la restauración del acervo histórico-artístico de la capital y provincia, legado rico y precioso que, en bastantes casos, por incuria o abandono estaba a punto de perderse”. En concreto, “dentro de tan encomiable propósito cultural”, la Corporación provincial estableció un convenio de colaboración con la entonces Dirección General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos con un presupuesto global de 155,7 millones de las antiguas pesetas, cantidad que ahora supondría casi un millón de euros.

De esta forma, la Dirección General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos se comprometió a realizar obras de restauración por un importe de algo más de 85 millones de pesetas –algo más de 511.000 euros–. Estas obras afectaban en la capital a la iglesia de Santo Domingo de Silos, al ábside de San Francisco, a los baños califales, a la iglesia de Santa Marina, a la iglesia de Santiago, a Medina Azahara, a la iglesia de San Agustín, a la iglesia de la Magdalena, a la capilla del instituto Luis de Góngora y al Alcázar de los Reyes Cristianos. Otras actuaciones fueron las de reforma del Castillo de Belalcázar; del claustro de la iglesia de Santa Clara, en Palma del Río; de la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, de Priego de Córdoba; de la iglesia de la Asunción, en Palma del Río; de la iglesia de Santa María la Mayor, en Baena; y de la iglesia de Santa María de la Mota, en Montoro.

Mientras que la Diputación se comprometió a realizar las obras de restauración y consolidación en edificios histórico-artísticos de 22 municipios por un montante económico global que ascendió a 70,7 millones de pesetas –o lo que es lo mismo, más de 425.000 euros–. Esa cantidad permitió actuar en la capital en la ermita de la Alegría y en la capilla de San Bartolomé. También en la Torre del Reloj de Aguilar de la Frontera; el Archo Oscuro de Baena; la iglesia parroquial y la Torre de Benamejí; y la iglesia de San Juan Bautista de Cabra. La institución provincial, gracias a este convenio rubricado con Dirección General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos intervino asimismo en la ermita de Jesús, de Cañete de las Torres; la iglesia de San Marcos, de Carcabuey; la iglesia del Castillo, de Doña Mencía; las ermitas de Dos Torres; y la parroquia y la ermita de la Virgen de las Cruces, de El Guijo.

Otras actuaciones de conservación del patrimonio histórico-artístico provincial por parte de la Diputación y gracias a este convenio se desarrollaron en el Castillo de Hornachuelos; la iglesia parroquial de Luque; el convento de Santa Clara de Montilla; el Hospital de Montoro; las Termas de Montuque; la iglesia de Palenciana; la iglesia de San Pedro de Priego de Córdoba; la iglesia parroquial de Santaella; la iglesia parroquial de Torrecampo; la ermita de la Soledad de Villafranca; la parroquia de Cristo Rey y la Torre de San Miguel y San Sebastián de Villanueva de Córdoba; y la ermita de la Virgen de Guía de Villanueva del Duque.

Desde entonces, la Diputación ha tenido buena parte de culpa en la protección y conservación del patrimonio histórico-artístico de los municipios. Sin ir más lejos, la institución provincial aprobó a finales del pasado mes de febrero la convocatoria de las últimas subvenciones al respecto, destinando 900.000 euros para 2019. Los beneficiarios de esta convocatoria son los ayuntamientos de la provincia con una población inferior a 50.000 habitantes.

Las ayudas tienen como finalidad “la conservación, restauración y rehabilitación de bienes inmuebles, que tengan interés arquitectónico, arqueológico, industrial, histórico o artístico, dentro del ámbito territorial de la provincia de Córdoba”. Los bienes que se beneficien de estas subvenciones “han de ser inexcusablemente de propiedad municipal o bien en cesión de uso por un periodo superior a los cincuenta años. La actuación deberá haber sido realizada o estar en fase de realización y finalizarse a lo largo de 2019”, según la convocatoria.