La sociedad pública que nació con el objetivo de acabar con el chabolismo

En 40 años los municipios cordobeses, como los del resto de España, han ido pasando poco a poco del sepia al color. El urbanismo de las localidades cordobesas del inicio del postfranquismo era muy precario. Las viviendas particulares contribuían en buena parte a esa precariedad, dejando estampas muy rurales que poco habían variado durante décadas de las que se veían en el NODO. Buena parte de culpa de ese cambio experimentado desde 1979 lo tiene la Promotora Provincial de Viviendas de Córdoba S. A. (Provicosa), creada por la Diputación.

Cuentan las actas de Pleno de la época que en noviembre de 1979 la institución provincial, Inur, Sodian, la Caja Provincial de Ahorros y Monte de Piedad de Córdoba suscribieron el convenio de creación de la una sociedad de gestión para la actuación urbanística, promotora de suelo industrial y urbano. Este convenio sería eficazmente complementado con la constitución de una sociedad mixta sin ánimo de lucro y participación mayoritaria de entes públicos para la Promoción de Viviendas de Protección Oficial.

Con ese objetivo, el entonces presidente de la Diputación, Diego Romero, se dirigió en noviembre de 1979 a todos los alcaldes de la provincia, explicándoles los fines sociales de esta sociedad a constituir, recabando colaboración para ello y solicitando la disposición en principio de los ayuntamientos con la viabilidad del proyecto.

Cuentan las crónicas de la época que el consejo de administración de la Caja Provincial de Ahorros acogió “con satisfacción” la idea, “pues con ella se llevaría a cabo la construcción de viviendas para aquellas familias cuyos ingresos anuales fuesen inferiores al 25% del presupuesto de venta de dicha vivienda”. También se incidía en que “la conveniencia social de este proyecto” quedaba “suficientemente justificada” en base a que “la promoción pública atiende especialmente operaciones de eliminación de chabolismo o infravivienda, remodelación inmobiliaria de la vivienda edificada por el Instituto Nacional de la Vivienda (INV) –del Gobierno central– y ejecución de planes y programas anuales del Estado”.

En las bases del programa se dejaba claro que sólo podrían ser beneficiarias de las viviendas de protección oficial (VPO) “las familias cuyos ingresos anuales sean inferiores al 25% del precio de la vivienda” y que se habían conseguido “facilidades” crediticias para las construcciones de esas VPO. Se informaba incluso de que esas “especiales normas de financiación de las viviendas de protección oficial” permitían la suscripción de convenios con el Instituto Nacional de la Vivienda mediante concurso en el que se fijaban la cuantía de los préstamos, el tipo de interés y el plazo de amortización. En concreto, la cuantía del préstamo era del 70% del valor de la vivienda, a un interés del 11% y una amortización a 14 años. Asimismo, la Caja Provincial de Ahorros estaba dispuesta a conceder préstamos de regulación especial a aquellas corporaciones que lo solicitaran para pagar su aportación social al interés del 11% anual y 10 años de amortización.

El Pleno de la Diputación, en sesión de 29 de diciembre de 1979 y 16 de mayo de 1980 en su comisión de gobierno, acordó que la institución provincial suscribiera el 10% del capital social de esa futura sociedad de economía mixta para la promoción de VPO en los municipios cordobeses, un capital social que se fijó en un principio en 100 millones de las antiguas pesetas –unos 600.000 euros–, además de ofrecer a la Caja Provincial de Ahorros y Monte de Piedad de Córdoba el 40% y a los ayuntamientos el 50% restante. La Diputación, además de ese 10%, se comprometía a asumir la parte de porcentaje del 50% que los ayuntamientos no asumieran.

Las gestiones realizadas por la institución provincial en los municipios de la provincia dieron sus frutos hasta el punto de tener una buena acogida por parte de las corporaciones locales. Tanto es así que en un primer momento se adhirió al proyecto “más del 60% de la población provincial”, según las actas de Pleno de la época.

Para la constitución del consejo de administración de la sociedad, la comisión de gobierno en su sesión de 22 de agosto de 1980 había estimado en principio que cada décima parte del capital cubierto diera derecho a un puesto en el mismo, lo que se debía traducir en un órgano director compuesto por un representante de la Diputación, cuatro de las cajas y seis de los ayuntamientos.

Además, para la construcción de las viviendas se establecía una política de prioridades. Esas prioridades se debían fijar una vez conocido el programa de actuaciones en materia de VPO del Gobierno central. En cuanto al número de viviendas a construir cada año en la provincia de Córdoba, dependería del la petición que se realizara por parte de los municipios a la sociedad, que sería la que buscaría los terrenos en los mismos, efectuaría los proyectos, contrataría la ejecución de las obras y luego vendería, subrogándose el comprador en la obligación de devolver al Instituto Nacional de la Vivienda la parte del préstamo contratado.

“Lógicamente, si los ayuntamientos cedieran los terrenos abaratarían sensiblemente el coste de la obra”, se puntualizaba en las actas. En la sesión plenaria del 27 de septiembre de 1980 se acordó ratificar las actuaciones llevadas hasta la fecha, facultando a la Presidencia para “la realización de cuantas gestiones sean necesarias” y para “la firma de los documentos precisos hasta llegar a la consecución del acuerdo”. Posteriormente, el 29 de noviembre de 1980, los estatutos para la sociedad de economía mixta para la promoción de VOP –Provicosa– fueron aprobados por la Diputación en sesión plenaria.

Cuatro décadas han pasado de aquello y hoy en día Provicosa ha diversificado su oferta a los ayuntamientos y es una empresa pública, sin ánimo de lucro, que se dedica a la promoción, en el ámbito territorial de la provincia de Córdoba, de suelo edificable y equipamiento comunitario de edificios viviendas, locales, aparcamientos, con especial atención a las de protección oficial.

Según se detalla en su página web, la empresa dependiente de la Diputación ofrece “calidad garantizada” en el diseño de los proyectos; los materiales utilizados en su ejecución; la atención a los clientes; instalaciones de Energía Solar; instalaciones de acceso a nuevas tecnologías de la información y comunicación; viviendas adaptadas a discapacitados en un elevado porcentaje;condiciones bioclimáticas; fiabilidad y garantías de cumplimiento con plazos y condiciones establecidas y garantías post-venta.