UCD hace historia y se convierte en la primera fuerza en la Diputación

Las elecciones municipales del 3 de abril de 1979 no sólo supusieron un punto de inflexión y un antes y un después para los ayuntamientos cordobeses –en el caso que nos corresponde– que, como los del resto de España, pasaban de tener alcaldes y concejales elegidos a dedo por el régimen franquista a tener representantes elegidos democráticamente por los ciudadanos en las urnas.

También supuso un antes y un después para las diputaciones, cuyas corporaciones las iban a integrar algunos de esos cargos electos por los ciudadanos. Todo ello después de que la Constitución Española de 1978 estableciera, en su artículo 141, que “el gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomendados a las diputaciones”. De esta forma, se mantuvo a estas administraciones existentes en España desde el siglo XIX.

El prólogo a la fundación de la Diputación de Córdoba lo puso la muerte de Fernando VII en 1830; ese acontecimiento trajo consigo el impulso definitivo a la cuestión provincialista. El ministro Javier de Burgos, mediante el Real Decreto de 30 de noviembre de 1833, culminó definitivamente el proceso de división provincial, convirtiéndose Córdoba en una de ellas, compuesta por 75 municipios y con capitalidad en la ciudad homónima de Córdoba. Finalmente, las diputaciones provinciales fueron reorganizadas por un Real Decreto de 25 de diciembre de 1835.

La Diputación Provincial de Córdoba se instauró el 16 de noviembre de 1835. En ella iban a estar representados los 12 partidos judiciales que la componen. En concreto, en la provincia existen actualmente 12 partidos judiciales. Sin embargo, con arreglo a la Ley Electoral (5/1985) solamente se tienen en cuenta para el reparto de escaños en la Diputación los partidos judiciales existentes en 1979 (10), quedando Puente Genil integrado en el partido judicial de Aguilar de la Frontera y los municipios de Adamuz, Bujalance, Cañete de las Torres, Cardeña, El Carpio, Montoro, Pedro Abad, Villa del Río y Villafranca de Córdoba, en el Partido Judicial de Córdoba.

Esa ley electoral estableció que por el partido judicial de Aguilar de la Frontera –integrado por Aguilar de la Frontera, Monturque, Moriles y Puente Genil– se eligieran dos diputados entre los concejales de las listas más votadas en el conjunto de esos municipios; que por el partido judicial de Baena –compuesto por Baena, Luque y Valenzuela– se eligiera uno; que por el partido judicial de Cabra –integrado por Cabra, Doña Mencía, Nueva Carteya y Zuheros– también se eligiera un diputado; y que eligieran 13 diputados por el partido judicial de Córdoba –compuesto por los municipios de Adamuz, Bujalance, Cañete de las Torres, Cardeña, Castro del Río, Córdoba, El Carpio, Espejo, Montoro, Obejo, Pedro Abad, Villa del Río, Villaharta, Villafranca de Córdoba y Villaviciosa de Córdoba–.

Además, esa normativa establecía dos diputados para el partido judicial de Lucena –compuesto por Benamejí, Encinas Reales, Iznájar, Lucena, Palenciana y Rute–; dos para el partido judicial de Montilla –integrado por Fernán-Núñez, Montalbán de Córdoba, Montemayor, Montilla, La Rambla, San Sebastián de los Ballesteros, Santaella y La Victoria–; uno para el partido judicial de Peñarroya-Pueblonuevo –que comprende a los municipios de Belalcázar, Belmez, Los Blázquez, Espiel, Fuente la Lancha, Fuente Obejuna, La Granjuela, Hinojosa del Duque, Peñarroya-Pueblonuevo, Valsequillo y Villanueva del Rey–; y dos diputados para el partido judicial de Posadas –salido de la lista más votada sumando los escrutinios de Almodóvar del Río, La Carlota, Fuente Palmera, Guadalcázar, Hornachuelos, Palma del Río y Posadas–.

La ley electoral fijaba asimismo que dos diputados le correspondían al partido judicial de Pozoblanco –integrado por los municipios de Alcaracejos, Añora, Conquista, Dos Torres, El Guijo, Pedroche, Pozoblanco, Santa Eufemia, Torrecampo, Villanueva de Córdoba, Villanueva del Duque, Villaralto y El Viso–; y un diputado al partido judicial de Priego de Córdoba –compuesto por los municipios de Almedinilla, Carcabuey, Fuente-Tójar y Priego de Córdoba–.

Esa normativa electoral del año 1979 también fijaba que una vez que se constituyeran los ayuntamientos, se tomaran, para cada partido judicial, los votos de todos los partidos que habían obtenido representación (al menos un concejal). Entre ellos se debían repartían los escaños, según la ley D’Hondt. Los integrantes de la primera corporación democrática provincial se elegían así, en cada unos de los 12 partidos judiciales cordobeses, de entre los concejales de cada partido elegidos en algún municipio del partido judicial.

La sesión plenaria de constitución de la primera corporación provincial democrática del postfranquismo se celebró el jueves 26 de abril de 1979 y se extendió hasta la toma de posesión de la siguiente corporación, el sábado 11 de junio de 1983.

Las municipales de 23 días antes habían dictado que UCD acaparara en la provincia el 30,71% de los apoyos con 106.368 votos, lo que se tradujo en 334 concejales; por detrás se situó el PSOE que lideraba Felipe González a nivel nacional, con el 26,74%, 92.626 votos y 258 concejales. La tercera fuerza que más votos recibió de las diez que presentaron candidaturas a las municipales en la provincia de Córdoba –si concentramos las listas independientes– fue el Partido Comunista de España (PCE), de Santiago Carrillo. El PCEacaparó el 24,25% de los votos, con 84.005 apoyos y 183 concejales. Los independientes consiguieron 75 ediles –con el 5,84% de los votos–; 32 el Partido Socialista Andaluz (PSA) –con el 7,67%–; 26 una Coalición Democrática (CD) liderada por Manuel Fraga –con el 2,12% de los votos–; y 17 la Federación de Partidos del Trabajo de España (PTA) –con el 1,96% de los votos–.

Estos resultados, en concreto, se tradujeron en que la provincia de Córdoba se quedó situada en el mapa político nacional como una provincia de izquierdas, puesto que el PSOE superó a UCD en número de alcaldías. En concreto, el partido liderado a nivel nacional por Adolfo Suárez consiguió 22 alcaldías en Córdoba, por las 28 de un Partido Socialista que a partir de ese momento comenzó un crecimiento que le llevaría a la Presidencia del Gobierno en octubre de 1982 con Felipe González y Alfonso Guerra como puntas de lanza. No obstante, ese triunfo –entre comillas– socialista en tierras cordobesas no supuso que la primera Diputación de esa nueva etapa democrática estuviera gobernada por un miembro del partido que fundara Pablo Iglesias. Diego Romero Marín, de Unión de Centro Democrático, fue presidente de la Diputación de Córdoba desde el 26 de abril 1979 al 16 de junio 1983. Fue el primer presidente de la institución provincial después del franquismo y gobernó con mayoría absoluta.

Los primeros diputados postfranquistas fueron todos hombres y los resultados de las municipales se tradujeron el 15 escaños en la institución provincial para UCD; ocho para el PSOE; y cuatro para el PCE. Por UCD integraron la corporación provincial entre 1979 y 1983 –mandato en el que se suplieron algunas bajas entre los diputados–, además de Diego Romero, Andrés Berral, Práxedes Cañete, Manuel Carmona, Antonio J. Cubero, Pedro Espadas, J. Luis Fernández de Castillejo, José Galeram, José S. Jiménez, Manuel Marín, Francisco Moreno, Juan J. Poyato, Antonio Ruiz-Canela, Bartolomé Sánchez y Ramón Santiburcio. Por el PSOE representaron a los ciudadanos en la Diputación Rafael Añez, Matías Camacho, Julián Díaz –quien sería junto al también socialista José Miguel Salinas presidentes de la institución en el siguiente mandato–, Rafael Gamero, Blas Molina, Juan Muñoz, F. Rodríguez Carretero y Antonio Zurita. Mientras que los integrantes de la primera corporación provincial democrática por parte del PCEfueron Alfonso Ceballos, José Félix Moles, Joaquín Sánchez y José Luis Villegas.